| Justicia federal

Allanan una fiscalía y comisarías en San Isidro por causas armadas y vínculos con narcos

Allanaron la fiscalía de Claudio Scapolan y detuvieron a funcionarios.

Scacpolán fue denunciado por Carrió.

Un escándalo de proporciones sacude por estas horas a la Justicia de San Isidro. Una investigación del fuero federal criminal de ese distrito derivó hoy en una veintena de allanamientos que incluyeron estudios de abogados, una fiscalía, la sede de la Drogas Ilícitas de la policía bonaerense en ese partido del norte del conurbano y la comisaría de Benavídez.

Tras los allanamientos realizados esta mañana por efectivos de la Policía Federal hubo detenciones de funcionarios judiciales, dijeron fuentes con acceso a la investigación.

Los procedimientos fueron ordenados en una causa por narcotráfico, armados de causas y asociación ilícita que involucra a funcionarios judiciales, policías, detenidos en cárceles y abogados que actúan en ese distrito.

Las fuentes dijeron que hubo 25 personas detenidas en los operativos, entre los que hay incluidos funcionarios del Departamento Judicial de San Isidro, acusados de diversos delitos.

Los allanamientos fueron ordenados por la jueza federal 1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en un expediente que lleva el número 36447, que se inició en 2016 y en el que también interviene la Fiscalía Federal 2 de ese distrito, a cargo de Rodolfo Fernando Domínguez.

También fue allanada la Delegación San Isidro de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de la policía bonaerense, ubicada en la avenida Del Libertador 14243 de Martínez.

La comisaría 4ta. de Tigre, con sede en Benavídez, fue otro de los objetivos allanados, pero las fuentes aclararon que allí sólo se fueron a buscar los libros de guardia y los registros de visitas vinculados a un preso que estuvo alojado en ese lugar en 2015 y que estaba detenido en una causa llevada por los policías de Drogas Ilícitas de San Isidro.

Fiscal acusado

La fiscalía allanada fue la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de San Isidro (ahora rebautizada de Drogas Ilícitas), que funciona en el segundo piso de los tribunales de la calle Ituzaingó 340.

De esa sede judicial, los policías de la PFA secuestraron computadoras y documentación. La fiscalía mencionada está a cargo de Claudio Scapolan, quien no fue detenido debido a que sus fueros lo protegen dijeron las fuentes consultadas y quien tiene un juicio político abierto.

Quien no tuvo la misma suerte fue uno de los secretarios de la fiscalía, Maximiliano Jarisch, quien fue detenido y trasladado a dependencias de la Policía Federal, que estuvo a cargo de los procedimientos, dijeron las fuentes.

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La investigación que explotó hoy con la serie de procedimiento en sedes judiciales y policiales se habría iniciado con una denuncia realizada por un tribunal federal en la que llegó una de las causas fraguadas en la fiscalía allanada.

Las irregularidades no son nuevas. El fiscal Scapolán tiene abierto un juicio político en trámite que se inició años atrás a partir de una denuncia realizada en su momento por la entonces diputada nacional Elisa Carrió.

“El denunciado ha ejercido de manera infiel sus deberes oficiales, carece o ha perdido aptitud para el ejercicio del cargo de Fiscal, como así también ha cometido abusos y excesos funcionales, situación que impone la apertura del proceso de responsabilidad política, para que rinda cuenta de su actuación”, había escrito Carrió en su presentación.

Mano derecha de Novo

La entonces diputada recordó entonces que Scapolán era la mano derecha de Julio Novo, quien durante años fue el poderoso fiscal general del Departamento Judicial de San Isidro, quien terminó renunciando a su cargo, luego de haber sido denunciado en la Justicia Federal por fiscales de primera instancia por irregularidades de todo tipo, que incluían beneficiar a acusados en causas de narcotráfico y en el expediente por la matanza de tres colombianos en el shopping Unicenter.

Cuando la jueza Arroyo Salgado procesó al ex fiscal Novo, dijo que para obstaculizar e impedir la investigación de los homicidios de ciudadanos colombianos cometidos en “Unicenter” que los obstáculos puestos a los fiscales del caso no fueron “acontecimientos aislados o enmarcados en conflictos de naturaleza exclusivamente funcional”.

Para la jueza “son prueba cabal de la puesta en marcha de una maquinaria de presión, maltrato, desgaste y hostigamiento, metodología previamente concebida y utilizada años antes para entorpecer y perjudicar el desarrollo de investigaciones sensibles y complejas, cuyos responsables eran personas ligadas de un modo u otro a intereses superiores a los que no se debía llegar; sobre sujetos que imperiosamente tenían que permanecer al margen o lejos de los ojos de los investigadores, sobre intocables estamentos de poder local; en fin, sobre quienes en un futuro podrían deberle oscuros favores”.

En el pedido de juicio político contra Scapolán, Carrió repasó las resoluciones de tribunales orales federales de San Martín de y San Isidro que anularon las causas que habían sido instruidas por el fiscal luego de haber comprobado que se habían cometido todas clases de irregularidades en forma adrede.

Un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 de San de Martín declaró la nulidad de todo un proceso y absolvió a cuatro personas que habían sido acusadas por el delito de tráfico de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización a partir de un “un procedimiento planificado, dirigido y ejecutado por el Fiscal Claudio Scapolán”.

Causas armadas

Carrió sostuvo en su escrito de pedido de destitución de Scapolán que “el Tribunal Oral en lo Criminal Federal sostuvo que la “investigación” fue llevada a cabo por una asociación ilícita, que, bajo una fachada de prevención y persecución del delito, utilizaba los recursos del estado para perseguir a narcotraficantes para detenerlos y obtener de ellos material estupefacientes que luego devolvían al mercado marginal”.

Los mismos magistrados del tribunal oral destacaron que “el accionar policial y judicial durante la instrucción se llevó a cabo con la misma finalidad ilícita y bajo el mismo modus operandi” detectada en otra causa con los mismos participantes, en las que se cometieron toda clases de irregularidades.