El presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun.

Nuevos aires se respiran en los pasillos de Comodoro Py, el edificio sede de la mayor parte de los juzgados federales. El impactante triunfo del Frente de Todos en las PASO del domingo 11 también dio de lleno en magistrados y funcionarios que no son ajenos a los cambios políticos que se avecinan después de las elecciones presidenciales del próximo 27 de octubre.

El candidato Alberto Fernández dijo varias veces que algunos jueces federales tendrían que dar explicaciones por las “barrabasadas” que llevaron adelante en causas que tuvieron como blanco a ex funcionarios del kirchnerismo, encabezados por la ex presidenta Cristina Fernández. En un reportaje más reciente Fernández rescató a los miembros de la Corte Suprema y dijo que eran todos hombres respetables.

Y después del diagnóstico de quien se perfila para ser el próximo presidente de la Nación, los jueces y fiscales que más a gusto desempeñaron el papel de perseguidores de ex funcionarios -muchas veces sin ningún fundamento- comenzaron a hacer planes sobre su futuro inmediato. En esos pasillos se comenta que son varios los que ven un panorama personal sombrío y piensan en jubilarse.

El primero es el juez Claudio Bonadio. Fue el responsable de la mayor parte de las causas que tuvieron como imputados a ex funcionarios del gobierno anterior y en tándem con el fiscal Carlos Stornelli encabezó la causa de las fotocopias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Llegó a citar siete veces en un mismo día a prestar declaración indagatoria a la ex Presidenta.

“Es Bonadio uno de los jueces que planea jubilarse antes de fin de año y ya había sido previsor cuando inició los trámites previsionales en 2017”, consignó una nota de la Política On Line. Esta misma semana Bonadio sorprendió cuando le pidió a AUSA informes sobre la licitación del Paseo del Bajo, la obra más publicitada por el presidente Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Según una denuncia de la Auditoría porteña, la obra fue direccionada para que el tramo más caro de la obra quedara para Iecsa, la empresa constructora de la familia Macri, que luego fue supuestamente vendida.

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Stornelli también tendría ganas de acogerse a los beneficios de la jubilación, pero su situación es más complicada. Se encuentra en rebeldía en la causa que lleva adelante el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, quien podría ordenar su arresto el mismo día que se quede sin fueros que lo protegen. Stornelli está acusado de integrar la banda encabezada por el falso abogado Marcelo D´Alessio, dedicada a la extorsión, el espionaje ilegal y el direccionamiento de causas judiciales mediante testigos guionados.

El presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, también medita si llegó la hora abandonar su despacho. Fue el creador de la llamada “doctrina Irurzun”, según la cual lo ex funcionarios tenían “un poder residual” que le permitiría influir en causas en trámite por lo cual convendría mantenerlos detenidos. Un argumento que genera risa sino fuera que por ese razonamiento llevó a imputados a la cárcel sin condena.

Dos camaristas colegas de Irurzun también hacen cuentas sobre las diferencias en el salario y la jubilación. “Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, también estarían tramitando su jubilación como su colega Irurzun. Estos dos jueces jugaron al compás de la Rosada durante todo el mandato de Macri. Mauricio Macri se enteró de la maniobra de estos jueces y habría hablado con uno de ellos. «Mira que yo todavía soy presidente», advirtió el presidente, según las fuentes”, agrega la misma nota. Bruglia llegó a la Cámara para cubrir la vacante que dejó el destituido Eduardo Freiler. Pero no lo hizo por concurso. Era vocal de un tribunal oral y su traslado se resolvió en el Consejo de la Magistratura, pese al rechazo de la oposición. Bertuzzi desembarcó de la misma manera, desde un tribunal oral federal.

Otro de los que analiza jubilarse es el fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes. Luego de haber sido funcionario del gobierno de Carlos Menem se refugió en ese lugar y fue abanderado de las marchas tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, con la tesis de que había sido asesinado y no víctima de una muerte por su propia mano, como lo demuestran todas las evidencias reunidas en la causa que tiene Julián Ercolini. Este juez no está en edad de jubilarse. Pero fue uno de los apuntados por Fernández, quien lo conoce desde hace años cuando ambos eran parte de la misma cátedra que encabezaba el fallecido Esteban Righi en la Facultad de Derecho de la UBA.

El fiscal ante la Cámara de Casación Penal Raúl Pleé, quien marchó codo a codo junto a Moldes, muy vinculado al operador judicial y presidente de Boca, Daniel Angelici, al parecer también tiene planes similares a los de sus colegas más identificados con la Casa Rosada. En su momento se dijo que podría llegar a ser el jefe de todos los fiscales, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó a la Procuración, pero su candidatura nunca levantó vuelo.

Otras jueza que también planearía retirarse sería Liliana Catucci, que integra la Cámara de Casación Penal. A comienzos de año tuvo una sonora pelea con su colega Juan Carlos Gemignani. Años atrás había sido denunciada por el diputado peronista Carlos Kunkel. En su momento votó en contra de la prisión preventiva que se le había dictado al comisario Jorge “El Fino” Palacios, en la causa por escuchas ilegales en la que estuvo procesado el presidente Mauricio Macri hasta días antes de asumir en el cargo.