El fiscal federal Gabriel De Vedia, a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), realizó una denuncia penal contra los responsables de la Obra Social de Ejecutivos y del Personal de Dirección de Empresas (OSDE) por apropiación indebida de recursos de la seguridad social.

El representante del MPF pidió además que se investigue la responsabilidad del personal jerárquico de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación por el incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haber controlado que OSDE hubiera cumplido con los aportes.

Según el fiscal, se trata de un monto de casi doce mil millones de pesos, más intereses, que habría sido retenido de acuerdo a lo normado por la ley penal tributaria, afectando el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), según informó la página de la Procuración General de la Nación.

El caso será tramitado en el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi, donde ya se había iniciado una causa penal contra OSDE por impulso de la prepaga Swiss Medical SA.

A criterio de De Vedia, no solo OSDE sino también los funcionarios nacionales deberían ser penalmente investigados porque de las constancias obrantes en el expediente «no surge que se haya efectuado una adecuada recaudación y fiscalización en tiempo y forma de los recursos que componen el FSR, ni que se haya perseguido el cobro de los aportes debidos por OSDE«.

De Vedia denunció que OSDE registró, en el período 1990/2011, deudas con el FSR por un total de $11.948.070.181,75 (capital más intereses), detalló la página Fiscales.

La investigación preliminar se inició en la UFISES el 4 de enero en virtud de la remisión por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud de copias de un reclamo administrativo previo presentado en dicho organismo por los apoderados legales de Swiss Medical.

Esta última denunció que OSDE no cumplía con el depósito del aporte en concepto de adherentes voluntarios al FSR conforme lo previsto en la Res. INOS 490/90.

«El incumplimiento de dicha obligación por parte de los agentes del seguro de salud –en este caso la OSDE-, amén de constituir un supuesto de responsabilidad penal, implica un serio obstáculo para que el fondo pueda cumplir con sus objetivos y, consecuentemente, pone en riesgo el acceso a prestaciones médicas acordes por parte de toda la comunidad», informó la página Fiscales.

El fiscal de Vedia señaló que “los delitos imputados en la denuncia perjudican los recursos públicos destinados a garantizar el derecho a la salud, dirigiéndolo arbitrariamente a favor de quienes se sirven de aquello que pertenece a toda la comunidad. De esta manera se disminuyen los recursos económicos con los que cuenta el sistema de la seguridad social –y particularmente el subsistema de salud, produciéndose una merma en la calidad y cantidad de las prestaciones que deben recibir los beneficiarios y poniendo en riesgo el acceso a la cobertura por parte de los actuales y futuros beneficiarios”.

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