MenúUn duncionario del gobierno de José Manuel de la Sota renunció luego de que la Justicia Federal decidió imputarlo, junto a otros diez ejecutivos de dos firmas que presuntamente efectuaban operaciones financieras irregulares similares a CBI Cordubensis, cuyos responsables son investigados por supuesto lavado de dinero.
El director general de la Asesoría Fiscal del Ministerio de Finanzas, Pablo Alfredo Michelini, dimitió luego de que trascendió que era uno de los 11 imputados en la investigación que lleva adelante el fiscal federal Enrique Senestrari, según informaron fuentes del gobierno provincial.
Michelini, que fue imputado por su supuesto carácter de socio de Blicen SA (funcionaba en las dependencias de la firma Bacar), cuyas operaciones son investigadas, se «pondrá a disposición de la Justicia para aclarar su situación», según las mismas fuentes.
«El esquema sería muy similar entre Bacar, Bicen y CBI. Hay mutuos (préstamos) firmados que probarían la intermediación financiera irregular», explicó a la prensa el fiscal Senestrari.
Entre los 11 investigados, además de Michelini, están el presidente de Bacar Traca SRL, Juan Carlos Barrera (también ex titular del Instituto Atlético Central Córdoba), así como sus hijos, Pablo, Iván Ariel y Mariano, a los que se imputa la presunta comisión de asociación ilícita e intermediación financiera irregular, según el fiscal.
Por su parte, el abogado Carlos Nayi, que representa a ahorristas presuntamente perjudicados por las operaciones de CBI y de Bacar, manifestó que «se realizaron actividades de préstamos contrarias a la estructura legal vigente; es decir, eran sociedades que han trabajado al margen de la ley».
Nayi expresó que algunos de sus clientes denunciaron que, en 2008, «cuando comenzaban las operaciones de CBI, contrataron una caja de seguridad en la firma Bacar», ocasión en la que «Juan Carlos Barrera le ofreció captar dinero a cambio del pago de una tasa de interés variable, todo bajo apariencia de legalidad».
En el marco de la investigación por CBI, en marzo pasado, el fiscal Senestrari había encabezado allanamientos de cajas de seguridad de las firmas Blinbox y Bacar, en busca de documentación y prueba vinculada con los imputados.
Los imputados en la causa por las operaciones de CBI son Eduardo Rodrigo (titular de la firma), José María Núñez, Julio César Ahumada, Aldo Ramírez, Daniel Tissera, Luis de los Santos, Víctor Alaniz, Doris Puccetti y Oscar Altamirano, a los que se les imputa la presunta comisión de asociación ilícita, estafa, intermediación financiera clandestina, evasión tributaria y lavado de dinero.
CBI Cordubensis estaba habilitada únicamente para operar en la administración de cajas de seguridad y no como entidad financiera, ya que no contaba con la autorización correspondiente de parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
