El tribunal designado para establecer la condena de los diez acusados por el secuestro y desaparición de Marita Verón ordenó la prisión preventiva de los imputados, mientras que los fiscales y los abogados de la madre de la víctima, Susana Trimarco, pidieron penas de hasta 25 años con cumplimiento efectivo para la mayoría de los involucrados.

Estos fueron los puntos salientes de la primera jornada del proceso que comenzó hoy y finalizará mañana cuando se dé a conocer la condena a los 10 imputados que fueron encontrados culpables por la Suprema Corte de Justicia de Tucumán, al modificar el fallo absolutorio de los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano.

El nuevo tribunal, integrado por Emilio Páez de la Torre, Dante Ibáñez y Juana Juárez, dictaminó la prisión preventiva para los 10 imputados, con el objetivo de garantizar la presencia de ellos en el juicio.

Los que residen en Tucumán cumplirán la medida en sus casas, mientras que los riojanos lo harán en un lugar a designar.

Roberto Flores, abogado de «Chenga» Gómez, dijo que era «inconstitucional» la prisión preventiva y adelantó que va «a atacar el alegato del fiscal por cuanto ha pedido 25 años de prisión valorando sólo las circunstancias agravantes de la conducta de las personas».

«No valoró las circunstancias atenuantes y eso constituye una fundamentación fragmentaria, por lo tanto es nula», agregó Flores.

La audiencia comenzó pasadas las 9.30, porque algunos de los imputados estaban demorados por el viaje desde La Rioja.
Trimarco llegó a los tribunales tucumanos junto con sus abogados y explicó que su nieta Micaela, hija de Marita, no participará de las audiencias.

«Todo el país espera que se haga Justicia y como madre le pido a Dios que le abra la mente y el corazón a estos jueces», dijo la madre de la joven desaparecida desde 2002 antes de ingresar a la sala de audiencias.

Después de que hablara Carlos Garmendia, abogado de Trimarco en lo civil, el fiscal Carlos Sale explicó cómo funcionaba el circuito de captación y explotación sexual cuyos hilos manejaban los captores de Marita.

En este marco, Sale pidió la pena máxima, 25 años de prisión para quienes considera coautores del secuestro: Daniela Milhein, Alejandro González, Chenga Gómez y Gonzalo Gómez, algo que también reclamó Garmendia.

El fiscal López Rouges exigió prisión efectiva para los acusados hasta tanto la sentencia quede firme porque «si se fugan, la sentencia carecerá de efecto», dijo.

José D´Antona, otro de los abogados de Trimarco coincidió con el fiscal y justificó la prisión preventiva al sostener que «no es un antojo porque hay situaciones concretas y particulares de imputados que tienen antecedentes de procesos en cursos por violación a la ley de drogas».

«Tienen plata, medios y contactos no sólo para fugarse sino también para mantenerse prófugos y seguros en algún lugar del país e incluso en el extranjero», agregó D`Antona.

Garmendia, en tanto, explicó que el estatus de Marita es el de desaparecida, y que «lo más importante es su recuperación», por lo que sólo pedirá una resarcimiento económico simbólico de 1 peso, tal como sucedió en el anterior proceso.

El abogado adelantó que para los otros seis acusados, Azucena Márquez, Pascual Andrada, Humberto Derobertis, Carlos Luna, Paola Gaitán y Mariana Bustos, considerados partícipes necesarios, pedirán 24 años y seis meses de prisión.