El juez federal Sebastián Casanello desestimó una denuncia penal por la supuesta designación irregular de 39 fiscales subrogante por parte de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Se trata de la denuncia impulsada la semana pasada por el fiscal federal Guillermo Marijuán, quien se hizo eco de la presunta irregularidad en la modalidad de la designación de fiscales subrogantes a cargo de fiscalías ordinarias y especiales, eludiendo el mecanismo natural de selección.
El juez Cassanello descartó la comisión de un delito por parte de Gils Carbó, cuyas designaciones cuentan con «respaldo normativo» derivado de la reforma constitucional de 1994.
El juez consideró que la conducta de Gils Carbó buscó garantizar el servicio de justicia, y respetó la normativa que garantiza la independencia del Ministerio Público como órgano extrapoder de la Justicia.
La Constitución asigna a los fiscales -según el juez- «un mandato sumanente claro: promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad, lo que se traduce en promover la acción penal pública, y de los intereses generales de la sociedad», consigna la resolución judicial que exculpó a Gils Carbó.