Por Natali Schejtman y Lorena Retegui

¿Una noticia de delito e inseguridad se encara del mismo modo cuando involucra a ricos o a pobres? Según un estudio que observa la “cocina” de los noticieros de aire con mayor popularidad del país, la clase social y el estatus de la víctima y del victimario afectan las rutinas de trabajo y los modos de presentar la información que se suele etiquetar como “policiales”. Y no solamente eso: pueden influir en la definición misma de víctima o victimario configurada en casos fronterizos, lo cual refuerza el debate días después de que un tribunal popular absolviera al médico que mató a un joven en el momento en que intentaba robarle el auto.

El estudio, financiado por Conicet, la Defensoría del Público Audiovisual y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, incluyó la realización de 48 entrevistas a trabajadores de prensa y directivos (conductores o presentadores de noticias, camarógrafos, productores, gerentes de noticieros, movileros, columnistas de policiales, editores, “zocaleros”, entre otros). Además, se realizaron observaciones en estudios de televisión, tanto en el armado previo del noticiero como en la puesta en vivo. Los medios de comunicación elegidos corresponden a los de mayor audiencia: Telefé y Canal 13 (CABA), Canal 3 y Canal 5 (Rosario), Canal 10 y Canal 12 (Córdoba) y Canal 7 y Canal 9 (Mendoza).

Entre un amplio abanico de preguntas realizadas a las fuentes elegidas, se les consultó cuánto y cómo afectaba la clase social de víctimas y victimarios y la ubicación geográfica de un delito en la cadena productiva de un noticiero: desde la toma de decisión de las coberturas hasta el armado de un informe y la presentación de las noticias.

Más allá de los matices de los entrevistados o las características excluyentes de cada noticiero, la mayoría de los trabajadores de prensa reconoció que, cuando se trata de un hecho policial, la clase social de los protagonistas o su estatus (su posicionamiento social, particularmente su ocupación), pueden condicionar el proceso de construcción de la noticia. En muchos casos, también, interviene en la expectativa de los periodistas sobre cuánto interés generará en la audiencia. No es lo mismo un delito en un country que en un barrio periférico.

Ante la consulta de si hay mayor cobertura periodística de un delito en un barrio de clase alta que en uno de clase baja, un productor ejecutivo sostuvo: “Sí, lamentablemente. Esto suena mal, pero tiene mayor valor periodístico el tipo al que asaltaron en Gurruchaga y Honduras que en Aldo Bonzi, en el monoblock”. Vale mencionar que un productor ejecutivo tiene entre sus funciones el armado del orden o rutina del noticiero y decidir qué va al aire y qué no.

Por otro lado, hay cierto consenso en que las clases sociales bajas son más accesibles (cuando son víctimas) y se exponen más ante las cámaras. Algunos entrevistados lo justificaron en tanto consideran que los medios, y la televisión especialmente, son un servicio de interés público que brinda voz a los sectores desoídos por la Justicia. Otros señalaron que los medios se comportan de un modo más avasallante con los sectores populares. “A la gente humilde le insisten, le insisten, ‘¿y cómo se siente?´, y por ahí es una madre a la que le acaban de matar a un hijo y no hay contención. A una madre que es de las Madres del Dolor, que son de clase media, las respetan”,  sostuvo una conductora de noticiero.

La geolocalización de los delitos es una variable cada vez más relevante al momento de definir la cobertura de un caso policial. Es decir, hay diferentes rutinas productivas en función de las zonas geográficas o barrios considerados inseguros para los trabajadores y sus equipos técnicos. Como consecuencia, en muchas ocasiones no se envían móviles y se recurre a las fuentes oficiales, como la policía o los fiscales. Una productora admitió que ello ocurre cuando consideran que la zona es “riesgosa” y recordó un caso concreto. “Llamamos a la comisaría de la zona: ‘mirá que vamos a ir con un móvil, ¿nos pones un patrullero?’. Si nos dicen que no, no lo cubrimos. El caso en el que murió el colectivero de un balazo en un barrio de La Matanza, el primer día estaba todo bien, pero al segundo día la familia del acusado, que era de la zona, les decía a los periodistas que estaban mintiendo, que se fueran porque se iba a armar bardo. Ante la primera amenaza todos levantan y se van”, dijo. “¿No le dieron continuidad al tema?”, se le preguntó. “No. A no ser que el periodista consiga vía judicial qué declaró el detenido”, respondió.

En cuanto a los trabajadores de Rosario, fue recurrente durante las entrevistas el sub tema narcotráfico como un tipo de delito que condiciona, por ejemplo, la panificación de los móviles. Desde el canal satélite de Telefé sostienen que no han dejado de cubrir de antemano barrios “inseguros”, pero que en los últimos años, a partir de la explosión de la “guerra entre narcos”, tuvieron que modificar las rutinas periodísticas para resguardo de sus periodistas. Son los cronistas de calle y camarógrafos quienes deciden, en última instancia, si hacer la cobertura o no. Uno de los profesionales entrevistados contó que “todos los rosarinos sabemos cuáles son las zonas rojas. ‘Che, guarda que ese era el barrio del Pimpi’, barrabrava de Newell’s hasta que lo mataron. ‘Fijate que esté la cana’. El límite lo pone el propio periodista. Ellos no tienen la obligación de ir a un lugar que presumen que puede ser peligroso”.

En Canal 3 reconocieron que directamente hay zonas vedadas y solo se las cubre con acompañamiento policial. Por ejemplo, un editor de ese medio señaló que “hay zonas a la que ya no vamos. Te llega el parte policial sobre la muerte de un pibe de 16 años en tal calle. ‘¿Dónde queda eso?’. Entrás a Google Maps, ves que ni llega Google y entonces confirmás que es un barrio complicado. Ya no es como antes, ya no respetan las cámaras”.

Si las fuentes oficiales predominan por sobre las voces de la gente de a pie, eso puede marcar una diferencia importante entre el punto de vista desde el cual se construye la noticia y las voces que legitiman su perspectiva, es decir que puede tener profundas implicancias en el contenido plasmado en la pantalla.

«Te llega el parte policial sobre la muerte de un pibe de 16 años en tal calle. ‘¿Dónde queda eso?’. Entrás a Google Maps, ves que ni llega Google y entonces confirmás que es un barrio complicado. Ya no es como antes, ya no respetan las cámaras”, dijo un editor.

La consideración sobre la peligrosidad del lugar del delito y la necesidad de resguardo policial para el periodismo, así sus consecuencias en términos de tratamiento de los contenidos, requieren de un análisis más profundo que escapa a este texto. Pero hay elementos que nos permiten pensar que efectivamente la clase y el estatus social no suelen ser categorías inocuas en la estructuración de una noticia de índole policial.

Por último, hay matices que los entrevistados señalan respecto a la transversalidad en términos de clase social: es el caso de la violencia de género y los femicidios, sobre todo porque la cobertura de estos temas aumentó en los últimos años y diversificó los casos y los perfiles de las víctimas.

Este análisis forma parte de un estudio más amplio que investigó sobre la estructura de propiedad de los canales, los procesos de trabajo al interior de los noticieros, el enfoque discursivo y de contenido y la recepción de la audiencia. Todo ello sobre un tipo de noticias (las de delito, violencia e inseguridad), cuya presencia en los noticieros argentinos es cada vez más notoria.

Fuente: LetraP