Por María Elena Naddeo*

Poner en marcha la Convención de los Derechos del Niño sancionada en 1989 implicaba derogar el Patronato de menores y cambiar la cultura institucional y judicial en materia de infancia. Los viejos institutos y dispositivos tutelares que encerraban a los menores en situación “irregular” –en la jerga de la época– resistieron durante años los embates del nuevo paradigma.

Desde 1990 las organizaciones y especialistas en infancia golpeamos las puertas del Congreso Nacional para lograr la sanción de una nueva ley que consagrara los derechos de los niños. El menemismo y los sectores conservadores de todo tipo bloquearon repetidas veces la discusión y la sanción de la ley.

Por ello desde “abajo” en las Legislaturas provinciales empezaron a debatirse los lineamientos del nuevo modelo de intervención. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Constitución porteña de 1996 incluyó un capítulo especial sobre el tema, con la primera definición en lenguaje inclusivo de un texto legal.

Y en la primera Legislatura porteña el 3 de diciembre del 98 sancionamos por inmensa mayoría la ley 114 de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Algunos de sus principios fundantes y hoy vigentes, confrontaban y desafiaban el modelo tutelar del Patronato: la no judicialización de la pobreza, un claro mandato de la Convención que prohíbe separar a los niños de su grupo familiar por motivos basados en la pobreza, la prioridad en la asignación de partidas presupuestarias para la infancia, la obligación de escuchar a los chicos en todo asunto que los involucre, entre otros de particular importancia. La ley 114 consagró la puesta en marcha de  dispositivos interdisciplinarios en cada comuna de la Ciudad, destinados a adoptar medidas de protección integral y especial frente a cualquier vulneración de derechos de los chicos y chicas y creaba el Consejo de los derechos como órgano rector de las políticas de infancia y adolescencia, con un Plenario transversal a las áreas de gobierno y  representación parlamentaria de la sociedad civil y de los propios equipos técnicos del organismo para definir el plan anual de políticas públicas.

Después de veinte años señalamos positivamente que el viejo modelo tutelar ha sido superado por lineamientos conceptuales de los cuales no puede haber retroceso porque permean en toda la legislación actual y en el nuevo Código Civil: la autonomía progresiva de los niños y adolescentes, su derecho a ser escuchados, a la participación en los ámbitos sociales educativos y políticos, la obligación del Estado en la inclusión de los niños y sus familias en programas de apoyo.

El rol del Consejo de los derechos de niños niñas y adolescentes es central en visibilizar y dar respuesta a los múltiples problemas y desafíos que atraviesan los niños y sus familias. Por momentos se desperfila como órgano de control y de defensa de derechos, al gestionar los ámbitos penales por fuera de sus competencias. Por momentos nos preocupa el regreso al viejo patronato de menores cuando se toman medidas excepcionales al margen del paradigma comprometido o se escuchan respuestas contradictorias con los protocolos existentes.

A pesar de ello contar con una línea de atención interdisciplinaria tanto en la emergencia como en situaciones de la vida cotidiana, la red de defensorías zonales de derechos de niños, niñas y adolescentes y una guardia jurídica permanente en conexión con el sistema de salud y de educación, constituyen un diseño pionero y avanzado en la Ciudad de Buenos Aires.

Primera línea de atención que resiste y contacta con el ajuste presupuestario de las políticas de infancia, la carencia de vacantes educativas y convivenciales, el aumento de la desigualdad y la pobreza y la indigencia y la persistencia de las denuncias de múltiples violencias y abusos en la infancia en los barrios de la ciudad.

A pesar de ello, al cumplirse XX años de la sanción de la ley 114, brindamos por la jerarquización de sus equipos técnicos y profesionales, la recuperación de la mística en la protección de derechos y la profundización del paradigma de los derechos humanos de los niños.

* Ex legisladora, coautora de la Ley 114. Actual titular del área de Niñez, Adolescencia y Género de   la Defensoría del Pueblo. Co-presidenta de la APDH.

Fuente: Página 12.