| Polémica

Mauricio y Franco Macri aparecen involucrados en los cuadernos, ¿los llamará Bonadío?

Dos de las empresas del clan familiar aparecen involucradas por testimonios de los principales arrepentidos. ¿El juez será imparcial y los llamará a declarar? Difícil.

El padre y el hijo en la Casa Rosada.

El padre y el hijo en la Casa Rosada.

Por Rafael Saralegui

De eso no se habla. O apenas. La causa de los cuadernos del chofer Centeno podría tener derivaciones impensadas hacia el propio presidente Mauricio Macri y su padre Franco, por supuestos delitos cometidos como empresarios durante el gobierno anterior, si estuviera en manos de un juez imparcial e independiente.

Es que los dos han quedado involucrados en la trama de corrupción y pagos de sobornos detalladas por algunos de los principales arrepentidos en el expediente.

En la lluvia de arrepentidos que cae sobre el expediente del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, hay dos que tienen un peso singular. Son Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción y de la empresa Esuco, y Claudio Uberti, ex funcionario, ex titular del organismo que regulaba los peajes y corredores viales y primer arrepentido K.

Wagner declaró la semana pasada y describió un régimen de cartelización de la obra pública. Explicó que las empresas se ponían de acuerdo sobre el costo de cada licitación, quien sería el ganador y que le devolverían entre un 10 y un 20 por ciento del valor de la obra al ministro Julio de Vido, luego de cobrar los primeros pagos por parte del Estado.

Según consignó el diario Clarín, Wagner mencionó a un grupo de empresas que formaron parte del club de la obra pública desde el 2004. El empresario, dice el diario, mencionó a “Losi, Chediak (cuyo dueño se presentó espontáneamente ante la Justicia y acordó ser imputado colaborador) Vial Agro, Fontana, Vialco, Micastro, Marcalba, Equimac, Coarco, Cartellone (investigada en una de las causas de Odebrecht), Perales Aguiar”. Y el diario también consigna que “Wagner dijo que en esa mesa de empresas estaba, desde un comienzo, sentada Iecsa. Entonces, año 2004, la firma aún no estaba en manos de Ángelo Calcaterra -también convertido en “arrepentido” en la causa de los cuadernos de la corrupción-, sino que era propiedad de la familia Macri”.

Iecsa es la constructora de la familia Macri, que fue vendida en 2007 a Angelo Calcaterra, primo hermano del presidente, hijo de Pía Macri, hermana de Franco, el padre del primer mandatario. La venta siempre generó dudas por las condiciones ventajosas, por lo que parecía sólo un cambio de titulares. De todos modos, Calcaterra vendió Iecsa a comienzos de 2017 a Marcelo Mindlin, el titular de Pampa Energía, y uno de los empresarios que más creció con el gobierno de Cambiemos.

Varios abogados consultados dijeron que si el juez Bonadio cree en la declaración de Wagner, debería citar a prestar declaración indagatoria a Franco y Mauricio Macri. “Si el juez cree en esa declaración debería llamarlos a indagatoria, como hizo con los otros empresarios”, dijo Aníbal Ibarra, defensor de Oscar Parrilli, ayer luego de que la Cámara Federal, rechazara la recusación del magistrado planteada por el ex secretario general de la Presidencia. Pero nadie apuesta un centavo a que Bonadio tome esa decisión.

La otra declaración estridente, que los medios más oficialistas repiten una y otra vez es la de Claudio Uberti, quien aseguró que en el departamento de la familia Kirchner había 60 millones de dólares el día que murió el ex presidente, algo que supo por comentarios. Pero también dijo que como responsable de los corredores viales recaudaba todos los meses y llevaba el dinero a De Vido o al mismo Kirchner.  “Yo tenía que retirar 150.000 dólares por mes de cada una de las concesionarias”, aseguró Uberti, según consignó Diego Cabot en La Nación.

Para la época que menciona Uberti, la familia Macri era una de las accionistas de Autopistas del Sol, que explota la Panamericana, la principal autovía de todo el país. Durante el 2017, la familia Macri vendió por 20 millones de dólares las acciones que le quedaban, pero la venta es investigada por la Justicia, a partir de una denuncia de Margarita Stolbizer. La ex diputada denunció que el Gobierno benefició a su familia con un gran aumento en las tarifas de los peajes, antes de concretar la venta. La causa está en manos de Daniel Rafecas y tiene similitudes con la del Correo SA.