El intendente Rogerse se negó a declarar.

Luis Enrique Rogers, intendente del pueblo pampeano de Lonquimay, se negó a declarar durante la primera jornada del juicio oral y público en el que se lo acusa de permitir el funcionamiento de un cabaret, en el marco de una causa en la que se investiga el delito de «trata de personas con fines de explotación sexual».

En tanto, el subcomisario Carlos Adrián Alanis (43), acusado junto Rogers (67) y a Eduardo Mauricio Fernández (45), presunto dueño del local nocturno y a Carlos Eduardo Fernández (43) y Brian Martín Saxs (25), sindicados encargados, se declaró inocente.

El debate oral por el caso está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de La Pampa, situado en Santa Rosa y compuesto por los jueces Marcos Aguerrido, Mario Triputti y Pablo Díaz Lacava.

El fiscal Jorge Bonvehí y los abogados defensores privados Carlos de la Vega, Boris Vlasich, Sebastián País Rojo, Hernán Danzi y la defensora oficial Laura Armagno escucharon a los primeros dos de los 35 testigos convocados y el juicio continuará mañana.

En el inicio de la audiencia, el abogado País Rojo, defensor de Rogers, pidió la nulidad de la intervención de los teléfonos del jefe comunal porque fue ordenada por la fiscalía, cuando esa es una atribución de un juez, pero el planteo se resolverá al final del juicio.

Ante el tribunal, Rogers, que nació en Capital Federal y vive en Lonquimay desde los 6 años, se negó a declarar y destacó sus «tres gestiones con crecimiento en votos, en un pueblo de mil setecientos habitantes donde el desgaste es otro».

Por su parte, el subcomisario Alanis, quien en 2009 cuando se inició la causa estaba a cargo de la comisaría de Lonquimay, se declaró inocente y aseguró que nunca pudo comprobar que en el local nocturno se ejercía la prostitución, aunque admitió que lo «sospechaba».

Además, Alanis afirmó que el local en cuestión, «Good Night», tenía habilitación desde 2001 y dijo que la Policía realizaba controles «casi de rutina» e incluso las actuaciones eran informadas a la Unidad Regional I de la fuerza provincial.

En esos procedimientos pedían datos del DNI, se realizaban fichas dactilares para determinar si había personas con antecedentes penales y se verificaba la libreta sanitaria de cada mujer.
«Los controles eran sorpresivos, incluso nos iban pidiendo cada vez más requisitos desde Jefatura», aseguró Alanis quien agregó que llevaban a las mujeres para que declaren «más tranquilas en la comisaría».
El subcomisario también explicó que en 2008 clausuró el local porque detectaron «una infracción al Código de Faltas porque había una puerta que comunicaba el local con una casa que estaba ubicada atrás y los baños no estaban adecuados para el uso del público», pero después de unos días fue habilitado, «porque el dueño cumplió los requisitos».

Por otra parte, Liliana Abratte, que había trabajado desde 2007 por poco más de un año en la comisaría de Lonquimay como administrativa y denunció a «Good Night», declaró hoy como testigo ante el Tribunal.

«Un día acomodando papeles, encontré un acta de exposición donde un camionero decía que en el lugar vio a una menor que era buscada por la prensa y aparentemente era víctima de trata, decía que era muy parecida», señaló la mujer.

La testigo añadió: «En la comisaría me dijeron que no investigaron porque el camionero estaba alcoholizado, ese día me temblaron las piernas, me fui a mi casa y cuando pude denuncié el hecho en la Secretaría de Derechos Humanos».

Abratte dijo que su ex pareja, un médico que atendía en el hospital local, le comentó que «la señora del dueño del cabaret lo fue a intimar para que firme las libretas sin ver a las mujeres».

Según el testimonio, en una oportunidad «una mujer tuvo que dejar la ropa en la comisaría, una valija como parte de pago de lo que debía» para poder irse, algo que «sabía el pueblo» y recordó que el lugar «estaba habilitado como salón de baile».

«En el pueblo decían que el cabaret le daba sustento económico a Lonquimay, porque todo lo que se consumía quedaba en los comercios», recordó.

Por último, la jefa del área de Trata de personas de la Policía, Jésica Pérez Fassi, declaró ante los jueces que en 2009 cuando se conoció el caso de Lonquimay estaba en la Brigada de Investigaciones y dio cuenta de los controles que se hacían en el local nocturno sobre libretas sanitarias, habilitación y libros comerciales.

La causa se inició el 4 de julio de 2009, cuando se intervino el teléfono de Carlos Fernández por presuntas irregularidades en «Good Night» y se establecieron sus vínculos con el intendente y el subcomisario.