El carnicero que mató con su auto.

Por Verónica E. Allen

“¡No me importa ir preso, yo te mato!”, se escucha que Daniel Oyarzún le grita, en el audio del video que se conoció días atrás, a Brian González mientras el delincuente agonizaba bajo su auto, luego de que fuera perseguido y atropellado por quien minutos antes había sido su víctima al robarle lo recaudado en su carnicería de Zárate.

Billy, como conocen a Daniel, fue detenido. El reclamo del pueblo por su liberación no se hizo esperar. Un intendente que solicita mayor presupuesto para seguridad. Un Presidente que sale a justificar la posición del detenido. El carnicero, finalmente liberado, en su casa y con custodia, a la espera del desenlace de lo que lo tiene como protagonista. Un país que opina: Justicia por mano propia.

¿Qué se modificó entonces, dentro de la trama social, para que a través de lo que parece ser el hartazgo por los hechos de inseguridad, se haya resignado una vez más el pacto implícito que nos rige, donde el Estado debe ser el máximo garante de nuestra seguridad?

Mercedes Calzado es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Se especializó en el estudio de los discursos en torno de la cuestión criminal y tiene su propio análisis para aportar: “Lo que se está modificando en la sociedad actual son dos cosas: primero, el registro de cómo los medios están cubriendo los casos de inseguridad, en los cuales se representa la violencia urbana -fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano Bonaerense. El segundo punto, y particular, es que comienza a cobrar más importancia esta manera de reaccionar en términos individuales».

Es decir, “lo que parece plantearse en esta serie de sucesos recientes es un reclamo en el que hay un Estado ausente; pero ese reclamo no está dirigido especialmente allí, sino hacia una necesidad de intervenir, de tomar cartas en el asunto.  Y es ahí donde cobran importancia estos casos de legítima defensa, o justicia por mano propia,  tanto en algunos sectores periodísticos como dentro del  Gobierno Nacional».

El Presidente Mauricio Macri, a días de lo ocurrido en Zárate, declaró en conferencia de prensa que el carnicero, “debería estar con su familia, tranquilo, más allá de lo que determine la Justicia»,  resaltando que  “es un ciudadano sano y querido, si no hay riesgo de fuga, debería estar con la familia”.

«Es un ciudadano sano y querido, si no hay riesgo de fuga, debería estar con la familia”.

“Lo declarado por el Presidente se podría ver como un hecho aislado, una postura tomada muy sobre el momento. Pero, en realidad, plantea que desde el Gobierno se vienen dando una sucesión de declaraciones que remiten hacia un mismo sentido. Anteriormente, con lo declarado por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, o el Jefe de Gabinete Marcos Peña, en relación al médico que mató al delincuente que intentó robarle el auto, donde se busca expresar claramente: Esto es lo que tenemos actualmente como herencia del mandato anterior y frente a esta realidad todos debemos hacer algo. El Estado va a estar presente para ayudarte luego, durante la transición de haber realizado un hecho de  justicia por mano propia en un momento que se puede considerar como “pasional”. Es decir, se presenta un escenario en el cual parece como si estuviéramos viviendo en una especie de jungla y donde, desde el Estado, se transmite el OK frente a estos recientes sucesos”, explicó la doctora Calzado.

Efectivamente, el pasado viernes 26 de agosto por la noche, Lino Villar Cataldo, médico, asesinó de cuatro balazos a Ricardo Krabler, en Loma Hermosa, partido de San Martín, luego de que este último intentara robarle su auto.

En conferencia de prensa, la ministra Patricia Bullrich, demostró su apoyo hacia el médico al asegurar que “el Estado lo va a cuidar. Sería muy triste que pase algo”. Y expresó: «Yo recomiendo no usar armas, no uso armas. Pero no lo sé, uno nunca sabe cómo puede actuar».

Entonces, lo que parece estar en juego es la premisa de actuar de manera individual, no tanto de ser escuchados como si se tratara de un reclamo, sino de hacer algo en relación a la necesidad generada. El análisis de Calzado cobra entonces sentido. «Subió el gas, entonces para solucionar eso ponéte más ropa, abrigate, hacé algo al respecto. Esta línea de que vos también tenés una parte de la responsabilidad y debés hacer algo con lo que está sucediendo. Así, frente a los casos de hurto o delincuencia, sos también responsable de hacer algo, antes o después: de poner una alarma, de formar parte de una red de vecinos para vigilancia, de defenderte. Donde el Estado forma parte y actúa luego de lo sucedido, haciendo presencia a posteriori de los hechos”.

Según un estudio realizado en 2014 por el Barómetro de las Américas, del Proyecto de Opinión Publica de América Latina, 3 de cada 10 argentinos aceptan la justicia por mano propia.

Para muchos, la inseguridad es sinónimo de falta de confianza en el sistema de justicia del Estado, lentitud en los procesos y de impunidad percibida o efectiva en relación con casi todos los delitos, donde se presenta el sentir generalizado de una población que descree del sistema que los rige, combinado con una agresividad latente.

“No existen estadísticas actuales y claras con un seguimiento serio frente a los casos de inseguridad actual.  La ministra de Seguridad presentó  en el mes de abril una serie de informes con datos anteriores al gobierno actual, pero como una especie de fin de relato, donde se expresaba: “Esto es con lo que nos encontramos, esta es la herencia recibida”. De esta forma, nos hallamos en un momento candente, donde, tanto desde los medios como desde el Gobierno, se dice dónde estamos parados y lo que sucede, pero oficialmente no se cuenta con un valor estadístico preciso sobre la inseguridad”, aseguró Calzado.

Legítima defensa o justicia por mano propia

El límite entre legítima defensa y justicia por mano propia, puede ser muy delgado, pero jurídicamente constituye una gran diferencia, donde para poder ampararse legalmente en la legítima defensa, debe existir primero la presunción de que corría riesgo la vida de la persona víctima del delincuente. Asimismo, la  defensa en ese caso debe ser proporcional a la agresión recibida y fundamentalmente, la agresión debe ser actual.

Aquí es donde el fundamento de la legítima defensa difiere de manera sustancial con la justicia por mano propia. No importa que la vida del afectado haya estado en peligro al momento del hecho. La amenaza tiene que existir al momento de en que la persona ejecute la legítima defensa.

De no suceder esto, se podría estar hablando de un homicidio.

El despliegue de violencia explícita por parte de algunos medios podría contribuir a estimular el fenómeno que se denuncia y a percibir el entorno social de manera que motive a tomar la justicia por las propias manos.

Hoy, Daniel Oyarzún teme por la seguridad de él y de su familia frente a posibles represalias por parte de los familiares de Brian González, quien finalmente murió debido a los golpes recibidos por el auto que conducía Oyarzún.

“¿Qué, nos van a matar a uno por uno?”, expresó frente a las cámaras el hijo de otra víctima que recientemente perdió su vida durante un robo. Porque, para muchos, la Argentina parece haberse convertido en un lugar donde la vida no vale nada.

Hacer justicia por mano propia implica la ruptura del contrato social democrático, al que se refiere el sociólogo Max Weber y que otorga al Estado el monopolio de la fuerza y asegura el tránsito del estado de naturaleza a la comunidad política a través de la legitimación de la violencia por parte del Estado.

La eficacia de la justicia está directamente relacionada con la funcionalidad real de las instituciones encargadas de promover la protección de los derechos de todos. Es decir, si hablamos de eficacia en la Justicia, debemos hablar de qué tan bien o qué tan mal funcionan todas las instituciones del Estado que se encargan de proteger los derechos ciudadanos.

Mientras, los casos de justicia por mano propia continúan siendo parte de las noticias diarias.

“La justicia por mano propia no contribuye a disminuir la violencia sino que, al contrario, la incrementa. Lo importante es apostar a políticas inclusivas por parte del Estado. Es una apuesta a largo plazo, que debe incluir respuestas tanto sociales como educacionales y donde no se trata de soluciones esporádicas -como pueden ser más seguridad en las calles, mayor cantidad de cámaras en lugares públicos o penas más duras y más altas frente a la delincuencia-; se trata de una cuestión de políticas que lleven realmente a mejorar el panorama, dirigidas siempre de manera integracional y pensadas para todos”, concluyó Mercedes Calzado.