Por Roberto Durrieu Figueroa

La espectacular detención de José López con sus 9 millones de dólares le dio un nuevo impulso a la necesidad de ir tras la ganancia económica del crimen complejo.

La lucha frontal contra las mafias en todas sus formas (trata de personas, corrupción, comercio ilegal de armas, narcomenudeo, robos, secuestros) es un tema central para el Gobierno, según lo han hecho saber distintos funcionarios.

La propia ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dijo, antes y después de asumir sus funciones, que al crimen organizado debe abordárselo por donde más le duele: su poder económico. El secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, acompañó la estrategia y sostuvo que el último eslabón de los hechos criminales del narcotráfico está en sus operaciones de reciclado de dinero.

Sin embargo, en los últimos días se introdujo en el proyecto oficial de blanqueo una iniciativa que podría confrontar con la idea de contar con una unidad antilavado independiente que ponga el foco en investigar y cooperar con la justicia penal en el seguimiento, embargo y decomiso de la ganancia criminal y el reciclado de dinero. Me refiero a la inesperada iniciativa que traslada la Unidad Antilavado (UIF) de la órbita del Ministerio de Justicia a la del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Con el traspaso se pretende darle a la UIF amplias prerrogativas en la materia tributaria y económica, tales como las de compartir su base de datos confidencial y reservada con otros organismos de investigación, tales como la AFIP o la ex SIDE, (AFI) entre otros servicios de inteligencia del Estado.

Se dijo que la iniciativa «iba en línea con las recomendaciones y buenas prácticas internacionales que así lo aconsejan». Pero el argumento es confuso: no existe estándar supranacional que exija a los países ubicar la unidad antilavado en la órbita del Ministerio de Hacienda; y mucho menos concederle funciones ligadas al control de la evasión y las finanzas públicas.

Organismos internacionales como las Naciones Unidas han dado expresa libertad a los países para adaptar las unidades antilavado en función de sus urgencias domésticas; sólo se recomienda asegurarse un mecanismo de designación y remoción de sus miembros que garantice su autarquía e independencia funcional (Convención ONU contra crimen organizado, 2000).

La UIF se encarga, por definición, de recibir, analizar, investigar y luego canalizar hacia la autoridad judicial competente la información referente a operaciones sospechosas que le remitan o la que adquiera mediante requerimientos a cualquier actor del mercado.

Por ello, uno de sus roles clave debe ser el de denunciar y acompañar la pesquisa criminal en la detección de pruebas ligadas al fruto económico del crimen. Y por su nexo con la justicia penal se resolvió, más de una década atrás, ubicar a la UIF en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Estrategia que ahora se pretende modificar, sin debate suficiente y en forma exprés.

Si de reformas se trata, debería discutirse la reorganización de la UIF en dos sentidos. Primero, ubicar sus funciones en un esquema «extrapoder» y autónomo de los mandatos e intereses del Poder Ejecutivo. Y segundo, poner sus recursos al servicio del control del narcolavado, trata de personas y demás formas de criminalidad extrema. A la vez, deberían quitarse de su jurisdicción las tareas que tengan que ver con la evasión tributaria o la atracción de inversiones. La realidad socioeconómica y cultural de nuestro país así lo exige, y con urgencia.

Se requiere, entonces, de un organismo antilavado federal que ponga la lupa en indagar sobre la información reservada que recibe de sus fuentes locales e internacionales y que sólo puede liberar tras una denuncia penal o bien a pedido formal de juez competente. Cualquier otra alternativa o atajo resultan violatorios de los derechos de privacidad, propiedad y especificidad de la información que administra.

Debemos ser capaces de construir verdaderas políticas de Estado en la materia, que se alejen de los intereses cortoplacistas y sectoriales y que sean el fruto de consensos amplios y plurales, que tengan como límite el respeto de las garantías individuales y del debido proceso. Sólo así podremos consolidar el proceso de cambio prometido.

Fuente: La Nacion.