El comisario fue acusado de abuso de autoridad.

El juicio al comisario de la policía de Córdoba Pablo Márquez, imputado por presuntos delitos de «abuso de autoridad reiterado y coacción» por ordenar a sus subalternos que realicen detenciones arbitrarias para mejorar las estadísticas, comenzó en la provincia.
El proceso contra el oficial se inició a partir de las denuncias realizadas por la oficial subinspectora Natalia Zárate y el sargento ayudante Jesús Calvo, en mayo de 2012, quienes afirmaron que su superior los obligaba a practicar detenciones ilegales, con la finalidad de engrosar las estadísticas a fin de mostrar la «efectividad» de la fuerza de seguridad provincial.
El acusado, que en esa época estaba al frente del Comando de Acción Preventiva (CAP) del distrito 8 de barrio Panamericano de la ciudad de Córdoba, ordenaba utilizar como excusa para las detenciones el Código de Faltas, mediante la aplicación de la figura del «merodeo» o el «escándalo en la vía pública».
El juicio se desarrolla ante la Cámara VI del Crimen con jurados populares y tiene como acusador al fiscal de Instrucción Marcelo Hidalgo, quien tomó el caso luego de que la fiscal original, María Inés Ferreyra, tomara licencia por cuestiones de salud.
Al ingresar a Tribunales, Hidalgo explicó hoy que «se juzga la conducta de una persona que era jefe de una unidad operativa de trabajo, según la acusación a partir de una orden ilegal, ilegítima y contraria al ordenamiento jurídico, el patrullaje tenía la consigna de detener gente para hacer números».
Según la Instrucción, las órdenes irregulares contrarias a las disposiciones normativas eran impartidas al menos a tres duplas policiales que trabajaban en la zona, a quienes advertía que si no levantaban una cantidad determinada de personas, tuvieran o no que ver con alguna contravención, iban a ser perjudicados con recargas de trabajo.
Sobre la importancia del juicio, el fiscal subrayó que «después de 30 años de democracia el desafío de toda la comunidad es poder entender que dentro del sistema legal, jurídico, normativo, es posible construir una seguridad democrática generando más libertades para tener más seguridad».
«No hay manera de conseguir que se genere seguridad sobre la base de restricciones de libertades ilegales», sentenció el fiscal acusador.
Por su parte el acusado hoy, en la primera audiencia, negó los hechos que se imputan, aunque admitió haber arengado a sus subordinados para cumplir con lo que entiende como una demanda de la sociedad.
«Mi labor era que la sociedad estuviera conforme», manifestó el oficial enjuiciado.