El juez federal Claudio Bonadio ordenó a una comisión de la Policía Metropolitana presentarse ante la AFIP para reclamar las declaraciones juradas de la familia Kirchner y del empresario Lázaro Báez.

Aunque desde el despacho del juez evitaron dar información oficial, se supo que el operativo se realizó al mediodía en la sede central del organismo recaudador, ubicado frente la Plaza de Mayo. La medida se realizó en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero con la empresa Hotesur, de la cual la mandataria es accionista.

Finalizado el paro y con el caos de tránsito en las calles, una delegación de la Policía Metropolitana que depende del gobierno de Mauricio Macri se presentó en las oficinas de la AFIP con la orden de Bonadio para recabar la documentación impositiva de la Presidente, así como de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

Según trascendió, el juez pidió también las declaraciones juradas del fallecido expresidente Néstor Kirchner entre el año 2008 y octubre de 2010 y las del empresario patagónico, a partir del 2003 a la fecha.

La semana pasada Bonadio ordenó  el allanamiento de Hotesur, la empresa que administra el hotel Alto Calafate que pertenece a la Presidente y que presentaba supuestas irregularidades impositivas.

En 2013, el diario La Nación reveló que Báez alquilaba habitaciones de los hoteles de los Kirchner que no eran ocupadas. Y que Valle Mitre, la gerenciadora de hoteles de Báez, le pagó a la familia Kirchner 14,5 millones de pesos entre 2010 y 2011, por los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y Los Sauces, lo que comprendería un delito de lavado de dinero.

Bonadio también pidió las declaraciones de Martín Báez, hijo del empresario, y de otros integrantes de la sociedad Hotesur: Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner, Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner y Patricio Pereyra Arandia. También solicitó información impositiva sobre Adrian Berni, que además de figurar en uno de los directorios de Hotesur integra Valle Mitre.