Por Javier Sinay.

A las 9 de la mañana, unas doscientas personas reunidas en el cruce de las calles Paraguay y Callao dieron el primer paso. Entre cánticos y golpes de bombo, ondeando una bandera que decía “Yo sabía que a Bulacio lo mató policía”, avanzaron hacia los tribunales adonde comenzó hoy a las 11 de la mañana el largamente esperado juicio al ex comisario Miguel Ángel Espósito, responsable del operativo policial que en 1991 terminó con la muerte de Walter Bulacio, un chico de 17 años que había ido al estadio de Obras Sanitarias a ver a los Redonditos de Ricota y que terminó preso en la comisaría 35ª, de donde salió en estado delicado, debido –según se acusó desde entonces- a los golpes que recibió adentro del calabozo.

El juicio se realiza después de 22 años.

La marcha estuvo organizada por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y reunió a la abogada de la familia Bulacio, María del Carmen Verdú; a familiares y amigos de Bulacio; y a militantes de izquierda. “El juicio oral y público llega tarde y mal porque Espósito es el único imputado y porque nadie será juzgado por la muerte de Walter, quien falleció a consecuencia de la tortura física y psicológica sufrida durante su detención ilegal, junto con otros 73 jóvenes”, consideró Verdú. “Estamos contentos porque después de tantos años de lucha de mis padres y de mi abuela se hace el juicio”, agregó Tamara Bulacio, la hermana menor de Walter, de 19 años. La masiva caminata terminó en las puertas del tribunal. Allí, el abogado defensor de Espósito, Pablo Argibay Molina, fue recibido con insultos.

El Tribunal Oral Número 29 tiene a su cargo el juicio. Sin embargo, no juzga al comisario Espósito por la muerte de Bulacio (de la ya que fue desligado en el enmarañado proceso), sino por la privación ilegal de su libertad, que tiene como pena máxima seis años de prisión. Espósito se negó a declarar y no estuvo presente en el comienzo del juicio porque manifestó encontrarse en un estado delicado de salud y habló a través de videoconferencia desde una oficina del Consejo de la Magistratura, para, después de dar sus datos personales, hacer uso de su derecho a negarse a declarar. Para su abogado defensor, Pablo Argibay Molina, Bulacio no murió por los golpes aplicados en la comisaría donde había sido alojado, sino “por un aneurisma congénito que lamentablemente no se le descubrió”.

Después de Espósito declararon cuatro testigos: la madre de Bulacio, Graciela Scavone, que contó que se enteró por una vecina de que su hijo estaba preso en la comisaría 35a. y que dijo que al llegar junto a su esposo, le informaron que el chico estaba internado en el Hospital Pirovano. María Inés Quiroga, secretaria del juzgado de Menores que estaba de turno cuando detuvieron a Bulacio, dijo que esa noche no recibieron ninguna consulta pese a que “se exigía a los policías que informaran sobre la detención de menores” de edad. Osvaldo Capuzzo, ex director general de Operaciones de la PFA, contó cómo se organizó el operativo por el recital. Por último, Alberto Sivade, ex jefe de la seccional 3ª, se escudó en su falta de memoria para brindar detalles.

Los ex jueces Carlos Elbert, Cristina Camiña y Alberto Piotti; el fiscal Oscar Ciruzzi y la ex Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires Alicia Oliveira han sido convocados como testigos para declarar –según pedido de la defensa- sobre la existencia del “Memorando 40”, una norma ilegal que permitía a la Policía Federal detener a menores de edad y entregarlos a sus padres sin intervención de un juez.

“A lo largo de la infinita causa judicial, cada gobierno hizo lo suyo para garantizar la impunidad de los represores”, había dicho María del Carmen Verdú ante Crimen y Razón antes del inicio del juicio. “El gobierno de Menem, cuyos ministros y demás operadores se turnaron para apretar jueces y fiscales, fue el encargado del encubrimiento inicial. El comisario, cuyo hermano solía aparecer en las conferencias de prensa presidenciales custodiando al primer mandatario, recibió la defensa oficial del cuerpo de abogados del Ministerio del Interior, del que entonces dependía la policía. Durante el gobierno de la Alianza, además de sostener la inmovilización de la causa y de excluir a la mamá de Walter y a CORREPI de la querella, el presidente De la Rúa contrató, para contestar nuestra demanda internacional, a Daniel Pastor, que negó que Walter fuera torturado y defendió al Estado argentino con los mismos argumentos de la defensa del comisario en la causa interna. Cerca del juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Gil Lavedra fue nombrado como juez ad hoc de la Corte IDH para representar los intereses del gobierno argentino. Cuando Eduardo Duhalde llegó a la presidencia, para evitar el juicio y condena internacional reconoció la responsabilidad del Estado argentino por la detención ilegal, tortura y muerte de Walter por decreto presidencial”.

El juicio continuará el día 26 de septiembre.