Por Ricardo Sáenz

Nos hemos visto sorprendidos en los últimos días por nuevos casos de secuestros que ya no son los llamados “virtuales” (aquellos que en realidad no son secuestros sino una especie de estafa consistente en hacerle creer a la víctima que se tiene secuestrado a un familiar) ni los secuestros extorsivos (caracterizados más por la prolongación del cautiverio, la exigencia dineraria, y la estructura y despliegue de la banda). Se trata ahora más bien de una privación de la libertad más corta, mientras se negocia el pago del rescate y que no requiere de una logística tan elaborada como el secuestro extorsivo clásico.

Siempre la delincuencia ha ido cambiando las modalidades e incluso las mismas bandas van mutando hacia formas del crimen que les otorguen mayores y más rápidos beneficios. Eso es lo que creo que está ocurriendo con estos “nuevos” secuestros, que les permiten a sus autores la chance de obtener dinero en forma más efectiva y a veces menos riesgosa que un robo.

Hablar sobre la prevención de este tipo de hechos es lo de siempre, todas las medidas que la propia gente toma sirven, llamarse antes de llegar y entrar los autos, las cadenas de llamados entre vecinos, la vigilancia privada (que parte de la sociedad –la que puede hacerlo- paga además de pagar sus impuestos para tener seguridad estatal), las cámaras de seguridad que colocan muchos municipios, etcétera.

No obstante, hay otro aspecto que quisiera señalar y al que me he referido muchas veces (puede verse mi sitio www.ricardosaenz.com.ar) que es la tendencia judicial a flexibilizar tanto la aplicación de la pena de prisión efectiva, como del encarcelamiento preventivo anterior a la sentencia, es decir, la posibilidad de que autores de delitos realmente graves para la sociedad conserven la libertad durante el proceso penal, y con ello la posibilidad de seguir cometiendo esos hechos.

Más allá de las fallas que puedan existir en la seguridad entendida como prevención del delito, creo que una vez cometido, el sistema de persecución penal no está actuando de una forma adecuada, y de este modo, está provocando de manera indirecta, más inseguridad. En esta cuestión, como hemos dicho tantas veces, tiene una influencia fundamental la corriente conocida como “garantismo”, aunque mal llamada de esa manera, ya que en realidad, todas las interpretaciones y aplicaciones del derecho penal moderno tienen en cuenta y respetan las garantías del imputado consagradas en las modernas Constituciones y los más recientes Convenios Internacionales. Esta tendencia radicaliza las interpretaciones a favor, por ejemplo, de la libertad de los imputados durante el proceso, o a favor de calificaciones legales de los hechos menos gravosas, fundadas en una corriente que lleva, prácticamente, al abolicionismo del Derecho Penal. Esta postura parte de la premisa de que la culpa por la comisión de los delitos recae sobre la sociedad toda, por no haber brindado otras oportunidades de desarrollo a los delincuentes, razón por la cual la aplicación de la pena estatalpierde gran parte de su legitimidad.

En la medida en que los delincuentes sigan recibiendo del aparato estatal el “mensaje” de que es muy difícil que los descubran, y si eso ocurre, es muy difícil que permanezcan en detención, no podemos esperar algo distinto a que vayan perfeccionando sus acciones, cada vez más peligrosas y perjudiciales para la sociedad. Una sociedad que pacientemente espera otra conducta de sus funcionarios.