El ex fiscal Novo con Sergio Massa.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aceptó la renuncia del fiscal general de San Isidro, Julio Alberto Novo, quien presentó su dimisión el 6 de julio pasado, cuando ya había sido suspendido y procesado por «encubrimiento agravado» en el marco de una causa en la que se le atribuye haber entorpecido la investigación de tres asesinatos de colombianos ligados al narcotráfico.
A través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial bonaerense, Vidal aceptó la dimisión que Novo presentó ante el Procurador Julio Conte Grand.
La renuncia de Novo se produjo diez días después de que la Cámara Federal de San Martín confirmara su procesamiento y el de cuatro de sus colaboradores por «encubrimiento agravado».
Con este fallo, la sala II de la Cámara, integrada por Hugo Daniel Gurruchaga y Alberto Agustín Lugones, avaló todo lo resuelto en octubre del año pasado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
El procesamiento por «encubrimiento agravado» había quedado confirmado para Novo, sus fiscales adjuntos también suspendidos, Rodrigo Caro y Eduardo Vaiani; y sus secretarias Mariana Busse y Melisa Rey.
Los cinco procesados están imputados también por «incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y entorpecimiento de la labor funcional», en concurso ideal y todos como «coautores».
A partir de esta resolución, Novo, sus ex adjuntos y ex secretarias -todos ellos en libertad, ya que nunca se les dictó prisión preventiva-, quedaron a un paso de un juicio oral en el que podrían llegar a ser condenados a una pena de hasta seis años de cárcel.
La causa se originó en 2012 a partir de la denuncia en la Justicia Federal que presentó el fiscal Luis Angelini, subalterno de Novo y sus adjuntos, de la que también se hizo eco Elisa Carrió y el ex diputado provincial Marcelo Saín para pedir el Jury de Enjuiciamiento del ex fiscal general de San Isidro.
Ante esta situación, en noviembre de 2015 la Suprema Corte de Justicia bonaerense licenció a Novo, Caro y Vaiani de sus cargos y la Procuración bonaerense nombró como fiscal general interina de San Isidro a Beatriz Molinelli, y a John Broyad, como su adjunto.
A fines de ese mismo mes, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense resolvió abrir el proceso al declararse competente y dar curso también otras denuncias contra Novo, como la presentada por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) por maltrato de personal.
Además, en 2016, el mismo Jurado de Enjuiciamiento resolvió abrir el juicio político para los fiscales adjuntos Vaiani y Caro.
Según la denuncia original de Angelini, el encubrimiento que se le atribuye a Novo fue cometido cuando él descubrió vinculaciones entre los asesinatos de tres colombianos, y los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, hijos de un ex jefe de la Fuerza Aérea y condenados en España por haber traficado una tonelada de cocaína en su jet privado.
Los colombianos Jorge Alexander Quintero Gartner (35) y Héctor Edilson Duque Ceballos (35), alias «Monoteto», fueron asesinados a balazos el 24 de julio de 2008 en el estacionamiento del shopping Unicenter, de la localidad de Martínez, en la zona norte del Gran Buenos Aires.
Por este caso, en junio pasado, el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, pidió que sean sometidos a juicio oral el empresario farmacéutico Martín López Magallanes (48), los ex barrabravas Richard «El Uruguayo» Laluz Fernández (49), Víctor Hugo Ovejero Olmedo (35) y Jorge Moreira (37) y Carlos Gustavo Luaces (55), ex socio de los hermanos Juliá.
Mientras que al tercer colombiano, Juan Sebastián Galvis Ramírez (34), lo mataron el 23 de febrero de 2009, frente a una casa de venta de artículos de náutica, situada en la avenida Del Libertador 1999, del partido bonaerense de San Fernando.
Cuando pidió los procesamientos de Novo y sus cuatro colaboradores, el fiscal Domínguez sostuvo que los imputados «instrumentaron una deliberada y sistemática maniobra compuesta de diversos actos de entorpecimiento, frustración y obstaculización del normal desarrollo» de la investigación de los crímenes de los colombianos para proteger al empresario Gustavo Juliá.