La pandemia del coronavirus se convirtió en una tragedia para todo mundo y en un fenomenal negocio para los fabricantes de vacunas.

Según un informe de Amnistía Internacional, seis empresas que están al frente de la distribución de las vacunas contra el COVID-19 se niegan a renunciar a los derechos de propiedad intelectual y compartir la tecnología.

Además, casi ninguna da prioridad a las entregas dirigidas a los países pobres, informó hoy Amnistía Internacional a través de su nuevo informe Dosis doble de desigualdad: Las empresas farmacéuticas y la crisis de las vacunas contra el COVID-19.

La organización evaluó a seis de las compañías que tienen en sus manos la suerte de miles de millones de personas en todo el mundo: AstraZeneca plc, BioNTech SE, Johnson & Johnson, Moderna, Inc., Novavax, Inc. y Pfizer, Inc. 

Para fines de 2022, BioNTech, Moderna y Pfizer habrán ganado en conjunto 130.000 millones de dólares estadounidenses. 

Vacunas para todos

“Vacunar a todo el mundo es el único camino para salir de esta crisis. Ahora mismo deberíamos estar aclamando como héroes a estas empresas, que tan rápidamente crearon las vacunas. Sin embargo, para su vergüenza y nuestra tristeza colectiva, el bloqueo deliberado por parte de las grandes farmacéuticas de la transferencia de conocimientos y los tratos poco claros que hicieron en beneficio de los Estados ricos han gestado una escasez de vacunas totalmente previsible y devastadora para gran parte del mundo”, manifestó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Esta distribución desigual está sumergiendo algunas zonas de América Latina, África y Asia en nuevas y más profundas crisis, llevando así al límite a los ya debilitados sistemas de salud siendo las consecuencias miles de muertes evitables. En muchos países de bajos ingresos ni siquiera el personal sanitario y la población en situación de riesgo han recibido la vacuna”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

De los 5.760 millones de dosis administradas en todo el mundo, un insignificante 0,3% ha ido a los países de bajos ingresos, y más del 79% va a los países de ingresos altos y medianos altos. 

Hasta la fecha, todas las empresas evaluadas se negaron a participar en las iniciativas coordinadas a nivel internacional que se han concebido para impulsar el suministro global mediante el uso compartido de los conocimientos y la tecnología. 

Se niegan

También se han opuesto a las propuestas de quitar temporalmente los derechos de propiedad intelectual como, por ejemplo, la exención relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio planteada por India y Sudáfrica.

Pese a que la mayoría reciben fondos multimillonarios, los fabricantes han perjudicado los derechos humanos de millones de personas que aún no pueden acceder a una vacuna contra la COVID-19 que puede salvarles la vida.

“Necesitamos que las empresas y los Estados cumplan sus obligaciones de derechos humanos, todavía estamos a tiempo de salvar miles de vidas y poner fin a esta pandemia. Por eso, pedimos que entreguen 2.000 millones de vacunas a los países de ingresos bajos Amnistía Internacional se comunicó por escrito con cada empresa antes de la publicación y recibió respuesta de cinco de ellas (AstraZeneca, Moderna, Pfizer, BioNTech y Johnson & Johnson).

Las empresas reconocen que la distribución justa y equitativa es esencial, especialmente en los países de bajos ingresos, pero ninguna de ellas respondió a esta aspiración ni cumplió con sus responsabilidades en materia de derechos humanos.

Sin datos

En el informe de Amnistía Internacional no se ha evaluado de forma detallada a las empresas chinas y rusas que producen miles de millones de dosis porque éstas facilitan menos información corporativa. Esta falta de transparencia impide realizar una evaluación completa. No obstante, estas empresas, al igual que todas las demás, también tienen responsabilidades en materia de derechos humanos.

 Y, como las demás, tampoco han distribuido sus vacunas de forma equitativa (han reservado la mayoría de sus dosis para uso nacional) ni se han sumado a las iniciativas mancomunadas de intercambio de conocimientos y tecnología.