Un fiscal general federal de Bahía Blanca será sometido a juicio oral desde noviembre próximo como acusado de haber brindado protección a una banda de narcotraficantes que presuntamente integraba su sobrino.

El Tribunal Oral Federal (TOF) bahiense, integrado por los jueces Ernesto Sebastian, Alejandro Silva y Simón Bracco, realizaron este martes, en forma virtual, la audiencia preliminar en el proceso que se le sigue al imputado, Alejandro Salvador Cantaro.

Según las fuentes de la causa, al fiscal Cantaro, quien se encuentra de licencia, se lo atribuye entre el 22 de marzo del 2017 y el 14 de abril del 2018 haber ayudado a su sobrino Sebastián Gauna San Millán y a otras personas a eludir investigaciones vinculadas al narcotráfico, de sustraerse de la acción penal y de no haber denunciado los delitos al tomar conocimiento de los mismos.

Cantaro tiene un procesamiento sin prisión preventiva en el 2019 por el juez Federal 1, Walter López Da Silvia, quien lo acusó por el delito de encubrimiento, especialmente grave (tráfico de estupefacientes), detallaron los voceros.

Pruebas y testigos

Durante la audiencia del martes se trataron cuestiones como las pruebas que se ventilarán en el debate y la cantidad de testigos, que serán unos 80. A su vez, el tribunal acordó con la fiscalía y la defensa que el juicio comience el 9 de noviembre próximo.

En esta causa que se conoció como «Drogas Sintéticas II», ya se condenó a siete personas a penas de entre 4 años y 4 años y 8 meses de prisión por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio.

Según los voceros, Cantaro aparece en distintas escuchas telefónicas, entre las cuales hubo conversaciones con al menos dos personas, entre ellas un sobrino.

En el caso «Drogas Sintéticas II» se secuestraron más de un centenar de dosis de cocaína compactada, 1.500 semillas y 5 plantas de marihuana, ente otros elementos.

Rechazo

En noviembre último, el mismo tribunal rechazó un planteo de suspensión de juicio a prueba que presentó la defensa de Cantaro.

Entonces, la defensa ofreció, a cambio de que el fiscal admitiera su culpabilidad, que se lo condenara a pagar 100.000 pesos en dos cuotas de 50 mil, la realización de 10 horas semanales de tareas comunitarias donde el Tribunal indique o en forma subsidiaria en un comedor de Bahía Banca.

«También se pidió al Tribunal que el fiscal se someta durante un año o el plazo que se decida al cuidado del Patronato de liberados y fijar residencia», agregó una fuente de la investigación.

Ante el pedido de la defensa de Cantaro, el fiscal de juicio Gabriel González Da Silva rechazó el mismo, entre otros motivos, por «la seria posibilidad de que, de comprobarse los hechos postule una grave sanción de cumplimiento efectivo y el rol de funcionario público encargado de la persecución penal del narcotráfico que ejerce quien se encuentra imputado».