Reynoso fue acusado por dos fiscales federales.

Raúl Reynoso, el renunciado juez federal de Orán, en Salta, una de las regiones del país por donde se producen los mayores ingresos de cocaína, será juzgado como jefe de una asociación ilícita integrada por abogados y empleados judiciales, entre otros, para dictar resoluciones en contra de la ley y favorecer a acusados de narcotráfico en el mismo juzgado donde estaban radicadas las causas.

El titular del juzgado federal N°1 de Salta, Julio Bavio, decretó hoy el cierre de la instrucción del caso y elevarlo a juicio oral, para que un tribunal oral lleve adelante el proceso contra Reynoso, quien en su momento fue considerado un baluarte en la lucha contra el narcotráfico, una simulación que engañó a las más altas autoridades políticas y judiciales durante varios años.

La medida dictada hoy por el juez Bavio, con el acuerdo de los fiscales que investigaron la causa, también alcanza a Miguel Ángel Saavedra, Arsenio Eladio Gaona, César Julio Aparicio, Rosalía Candelaría Aparicio, René Alberto Gómez, María Elena Esper y Ramón Antonio Valor, los otros siete acusados de integrar la asociación ilícita liderada por Reynoso, para favorecer a narcotraficantes.

Según la acusación, los nombrados se dedicaron, al menos desde el 19 de marzo de 2010 “a la gestión y concesión de resoluciones judiciales contrarias a derecho, favorables a los intereses   de   personas   imputadas   en   procesos   judiciales   vinculados   a conductas de narcocriminalidad, que tramitaron o tramitan actualmente ante ese tribunal, tales como excarcelaciones, prisiones domiciliarias, entregas de bienes y sumas dinerarias secuestradas, dispuestas al menos en las causas que a continuación se enumerarán, todo ello a cambio de dádivas y/o dinero”.

En la instrucción de la causa se dieron por probados al menos nueve casos en los que el juez benefició a acusados de narcotráfico en causas que se tramitaban en su juzgado a cambio de de sumas de dinero, camionetas o inmuebles, que eran puestos a nombre de testaferros de la organización. Los abogados eran defensores de los acusados y los empleados se encargaban de confeccionar las resoluciones y en algunos casos recibir los pagos ilegales luego firmados por Reynoso.

“Por debajo de Reynoso que detentaba el carácter de jefe, la organización estaba integrada por los abogados María Elena Esper, Ramón Antonio Valor, Arsenio Eladio Gaona y René  Alberto Gómez, como así también por los empleados judiciales Miguel Ángel Saavedra y César Julio Aparicio”, dijeron los fiscales.

Y agregaron que Reynoso ordenaba cómo proceder, “distribuía las funciones a los miembros de la organización criminal y suscribía las resoluciones judiciales ilícitas, a cambio de dádivas y/o dinero. Así, los letrados Esper, Valor, Gaona y Gómez, gestionaban e intermediaban en el dictado de las resoluciones y el cobro de los sobornos, utilizando como excusa el ejercicio de su actividad profesional”.

Según la denuncia que realizó a los medios de la zona el abogado David Leiva, la hermana del juez, Gladys, estaba casada con el abogado Gaona, y los acusados que terminaban con una causa en el juzgado de Reynoso, sabían que tenían que ir a buscar a ese letrado para poder zafar.

Otra de los testimonios que se incorporó en la causa fue el de la mujer, quien contó que su marido había sido detenido varias veces por narcotráfico, pero que cuando lo llevaban al juzgado de Orán conseguía la libertad, después de pagar sumas que iban de 30 mil a 40 mil dólares.