Por Paola Spatola.*

Uruguay da una lección a la región con sus políticas contra el desarrollo del narcotráfico. La inédita experiencia de regular el mercado de la marihuana, al completarse las firmas del decreto de reglamentación de la ley de producción, comercialización y distribución de la droga aprobada por el Congreso uruguayo el 10 de diciembre de 2013, hace de nuestro país vecino un ejemplo a seguir.

La Argentina también ha avanzado en la lucha contra el narcotráfico. Las normas que ha dictado el Congreso de la Nación en materia de lavado de divisas, financiamiento del terrorismo y la adecuación del sistema financiero argentino acordado en GAFI son claros ejemplos de medidas que van contra la propagación del poder narco.

Sin embargo, hay un dato clave del que debemos tomar nota a la hora de la implementación de políticas públicas: el narcotráfico, con su poder absoluto, le da muestras al sistema democrático cuando quiere y donde quiere de su poder, siendo en algunas ciudades, como por ejemplo en Rosario, un Estado dentro de otro Estado. El reciente operativo conducido por el Ministerio de Seguridad de la Nación es una clara muestra de la firme decisión tomada por el Ejecutivo nacional por la pacificación de Rosario. Es el inicio de la recuperación de los territorios tomados.

¿Cuál es el camino que hay que institucionalizar? La prohibición de drogas es la que generó este negocio. Y es ésta la discusión que hay que dar en el Parlamento argentino, en la opinión pública y en los medios de comunicación. Llegamos a un nivel de fricción tan grande, que es comparable con la Ley Seca en los años ’20 en Estados Unidos: corrupción, crimen y prohibición.

Un análisis económico básico puede demostrar cabalmente por qué la prohibición absoluta nunca funcionará. En términos simples, donde existe una demanda alta aparejada con una prohibición se crea, inevitablemente, una oportunidad de ganancia criminal. Los intentos de interceptar la producción y el suministro de drogas están condenados a fracasar, ya que su efecto (incluso si tienen éxito, lo cual es extremadamente raro) será un incremento en los precios. En consecuencia, ello vuelve al mercado más atractivo para que ingresen nuevos productores y vendedores, lo cual siempre ocurre. Sin importar cuántos vendedores detengamos o cuántas redes de contrabando aplastemos, el vacío siempre es llenado por una fila de reemplazos disponibles, ansiosos por recibir las extraordinarias ganancias que la prohibición les ofrece.

Comprimir la oferta de drogas prohibidas en el contexto de una elevada y creciente demanda infla los precios y ofrece una lucrativa oportunidad a empresarios criminales. La guerra contra las drogas ha creado una industria ilegal que actualmente genera más de 330 mil millones de dólares cada año. En esta cruzada que han iniciado los uruguayos, hay algunos puntos para destacar. Uruguay optó por un mercado reglado y regulado de monopolio estatal en contraprestación a un claro espejo del capitalismo más salvaje, sin regulación alguna. Eligió, por otro lado, por la responsabilidad y la libertad por sobre el paternalismo anacrónico y punitivo del Estado. También optó entre ser cómplice o ser un verdadero enemigo del poder narco.

La ley que entró en vigencia el 6 de mayo convierte a Uruguay en el primer país del mundo donde el Estado regulará la distribución, producción y consumo de la droga. En otros países, como es el caso de Estados Unidos, esto sucede sólo en determinados estados (como Wa-shington y Colorado), aunque carecen aún de normas más generales. El gobierno de Pepe Mujica tomó la decisión de ir a desbaratar este inmenso negocio, que tiene su fundamento más consolidado justamente en la prohibición. Este golpe al narcotráfico merece ser reivindicado. El mismo presidente de Uruguay afirmó hace unos días que la principal bandera de la ley es “la lucha contra el narcotráfico”.

Pareciera que el debate de la legalización ha empezado a formar parte de las agendas de los Estados latinoamericanos. En buena hora. Cuando el uso de los estupefacientes se sistematice y se le genere un marco legal acorde con los intereses de la sociedad, como ocurre con el alcohol y el tabaco, será el paso final para terminar con este multimillonario negocio. La Argentina debe ser un líder regional en esta discusión.

* Secretaria ejecutiva del Consejo Federal Penitenciario, especialista en seguridad y narcotráfico.

Fuente:Página 12.