Por Rafael Saralegui

Dos integrantes de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia declararon hoy ante la fiscal federal Silvina Avila para ratificar que Santiago Maldonado fue llevado por efectivos de la Gendarmería Nacional el 1° de agosto tras el violento ingreso en el predio situado a la altura del paraje de Leleque.

Los dos declararon en la causa por la desaparición forzada que el juez Otranto delegó ante la fiscal Avila, tras haber decidido conservar el expediente por los pedidos de hábeas corpus que le presentaron el 2 de agosto, al día siguiente de la desaparición del joven tatuador.

Una de las testigos que declaró fue Andrea Millañanco, quien dijo en la puerta de la fiscalía que ella estaba en Esquel cuando sus compañeros la llamaron para denunciar la represión de la Gendarmería. Explicó que primero le dijeron que faltaban un hombre y una mujer. Pero que ya a las tres de la tarde, tras el regreso de la mujer, pudieron confirmar que el único que faltaba era Santiago Maldonado.

La abogada Verónica Heredia, que representa a la familia de Santiago, dijo que Millañanco reafirmó que el mismo 1° de agosto habían denunciado la «desaparición forzada» de Maldonado con la precisión de que «a las 13.30 fue detenido, golpeado y llevado de la comunidad por gendarmes», algo que ya había declarado ante el juez Otranto.

También declaró otra testigo, cuya identidad no trascendió, en la misma línea con lo que declaró en su momento el joven mapuche Matías Santana, quien dijo haber visto como tres gendarmes habían golpeado a Santiago y lo habían subido al camión de la Gendarmería que había ingresado en el predio.

Esa testigo que declaró hoy confirma lo dicho por Santana, aunque «son momentos distintos. En términos generales coincide con el relato de Santana, pero no vieron lo mismo», según confió una fuente que estuvo presente en la declaración.

«Una de las testigos declaró que vio entrar a Santiago corriendo y que agarró su mochila y después se fue corriendo hacia el río. Dijo que los gendarmes corrieron detrás de Santiago. Explicó cómo lo buscaron y lo encontraron. Es un gran testimonio», dijo otra fuente que presenció la declaración.

Las fuentes evaluaron que los nuevo testimonios pueden terminar de orientar la investigación hacia la Gendarmería, cómo se denunció en un primer momento.

Ocupación en el juzgado

El juez federal Guido Otranto tuvo que ceder. Después de que la sede del juzgado fuera ocupada esta mañana por un grupo de mapuches que integran la comunidad Vuelta del Río, vecina a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, que pedían su renuncia, accedió a recibir a algunos de los representantes.

«Logramos hablar con el juez y le expresamos nuestra disconformidad y malestar por haber sufrido esta persecución producto de la desaparición forzada de una persona. Se lo está buscando en nuestra comunidad, se está siguiendo a nuestra gente», sostuvo el referente de la comunidad Vuelta de Río Rogelio Fermín, luego de la reunión con el juez.

Los integrantes de la comunidad ocuparon la sede del juzgado federal de Esquel para protestar por el allanamiento realizado el lunes por el juez en los terrenos de la comunidad con el despliegue de más de 300 efectivos de fuerzas de seguridad que mantuvieron inmovilizados a quienes estaban en el predio y les ataron las manos con precintos de plástico.

El enorme operativo ordenado por Otranto no dio grandes resultados: según informó el juez se secuestaron un par de camperas y una mochila, además de teléfonos celulares. Esas prendas serán sometidos a peritajes de ADN para tratar de determinar si tienen rastros de Santiago Maldonado.

«El allanamiento del lunes fue un atropello contra las familias de Vuelta del Río; entraron rompiendo puertas y sacando a la gente afuera a los golpes, tirándola al piso y atándole las manos con precintos», dijo a Télam Silvio Huilinao en la sede del juzgado, antes de que fuera desocupado.

Los miembros de la comunidad denunciaron que el joven fue llevado por efectivos de la Gendarmería desde el territorio el 1° de agosto, luego de haber ingresado en el terreno sin orden judicial. Pese a esas declaraciones, el juez dijo en un reportaje en el diario La Nación que pensaba que Maldonado se había ahogado en el río Chubut.

El futuro del juez en la causa es una incógnita. Fue recusado por la familia de Maldonado y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En una audiencia que se realizará este jueves en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia las querellas presentarán sus argumentos para pedir la separación del juez.

Otranto recibió hoy otra mala noticia, un amigo del tatuador, Ariel Garzi, quien dijo haberse comunicado el 2 de agosto con el teléfono del joven, denunció hoy al magistrado por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, encubrimiento agravado y promoción de la la persecución y represión.