Por Javier Sinay
La semana pasada dos balas perdidas impactaron en cuerpos de niñas. En Morón, pasadas las 9:30 de la mañana del lunes 25 de agosto fue muerta Sabrina Olmos, de 15 años, mientras pasaba el recreo en el colegio Félix Burgos, en Monseñor Tomás Solari, junto a otros trescientos alumnos. El disparo que la mató le dio de lleno en el pecho. A una cuadra y media del colegio, en la calle Grito de Alcorta al 2700, se había dado un tiroteo entre policías y ladrones que supuestamente habían robado un automóvil Fiat Palio. Cuatro días más tarde, el jueves 28, la historia casi se repite, peligrosamente. Pasadas las cinco y media de la tarde, en Vicente López, una niña de 10 años fue baleada en el pómulo derecho. Por milagro, no comprometió su vida.
Se encontraba en el patio de su casa jugando y la bala llegó desde un tiroteo entre policías y ladrones que intentaban robar un auto, en Cochabamba y Los Pozos, cerca del barrio Villa Melo. Los delincuentes dejaron allí un Volkswagen Fox negro que unos minutos antes habían robado en el cruce de las calles Roma y Villegas, en Villa Maipú. Luego de la balacera, el patrullero quedó impactado con tres balazos: uno en el capó, otro en una de las luces delanteras y el tercero en la puerta delantera del lado izquierdo.
“Los dos son casos de gatillo fácil”, dice la abogada María del Carmen Verdú, miembro de CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. “El transeúnte que recibe una bala policial tiene un nombre en Estados Unidos: by-stander. Acá hay infinidad de casos”. Entre los más recordados está el de Carla Lacorte, que el 1° de junio de 2001, cuando tenía 29 años, bajó del colectivo en el que regresaba de la facultad de Veterinaria a su casa y fue alcanzada por un balazo salido de un tiroteo entre policías y ladrones, que finalmente la dejó en una silla de ruedas.
“El problema es que en el marco del ‘meta-bala’, que no es otra cosa que una estrategia de control social o territorial y que se da con o sin democracia, la policía no cumple con su propia reglamentación, que indica que el arma debe ser utilizada con certeza y sólo cuando serviría para provocar un daño menor al que se intenta reprimir”, sigue Verdú.
“No se trata de que a los policías nadie les haya enseñado que la vida es valiosa o que el uso del arma debe ser la última ratio, sino de que el criterio es disparar ya en caso de duda”, sentencia.
La fiscalía de instrucción número 5 de Morón trabaja en la investigación del origen de la bala que mató a Sabrina Olmos, que penetró directamente en su corazón luego de rebotar en el portón del colegio. Las autoridades del colegio llamaron a la emergencia médica al ver que la chica se había caído al piso. Por teléfono, dijeron que estaba perdiendo sangre por la nariz: no sabían que había recibido un balazo. Pero cuando se dieron cuenta decidieron llevarla ellos mismos hasta la salita del barrio. “Es un dolor inmenso, una muerte inexplicable”, dijo Jorge Medina, representante legal del colegio.
Luego del tiroteo fue detenido un hombre: José Luis Rodríguez, quien tiene como antecedente una condena a cinco años y seis meses de prisión por robo con armas y privación ilegítima de la libertad. Los primeros datos arrojados por la autopsia dicen que la bala que mató a Sabrina se corresponde con un calibre 9 milímetros, que son las pistolas que usa la policía.
Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre 2003 y 2013 murieron 1286 civiles en hechos con participación de integrantes de las fuerzas de seguridad. En esos diez años, policías que revistaban en la Federal mataron a 195 personas en la Ciudad de Buenos Aires. Pero hubo otras 304 víctimas en la provincia de Buenos Aires: muchas de ellas fueron ultimadas por policías federales que viven en el conurbano y que toman parte de conflictos armados al salir de su casa o al regresar.