«Basta de jueces cómplices», «Jueces valientes y dignos», «Exigimos a la Justicia basta de impunidad», decían algunos de los carteles que llevaron ayer a la marcha los manifestantes que se congregaron frente a los tribunales federales de Comodoro Py.
El motivo del acto fue pedir que se aceleren las causas que se tramitan en el fuero federal, donde se juzgan a los ex funcionarios acusados de corrupción. Según los organizadores hubo miles de personas, aunque para la policía no fueron más de 1500.
El reclamo motorizado por dirigentes simpatizantes de Cambiemos es para pedir que se aceleren las causas contra los ex funcionarios kirchneristas, incluida la ex Presidenta. Aunque no fue dicho en forma explícita el motivo subyacente de la marcha fue pedir la detención de Cristina Kirchner.
«Esa justicia federal es la que no está haciendo su trabajo, es la que más demora, la que cajonea las causas», dijo Marcela Campagnoli, dirigente de la Coalición Cívica, y una de las organizadoras de la marcha.
Campagnoli sostuvo que algunos dirigentes buscan una banca para conseguir entrar en el Parlamento y obtener los fueros que los protejan de ir presos.
La dirigente, que apareció como una de las organizadoras del acto es allegada a la diputada Elisa Carrió y hermana del fiscal José MaríaCampagnoli, quien sufrió un juicio político por haber investigado aLázaro Báez.
También se la vio a la polémica Cecilia Pando, militante AFIAPPA, el grupo que defiende a los represores presos de la dictadura.
La manifestación estuvo en sintonía con los dichos del presidente Macri, quien días atrás dijo que lo desesperaba que los jueces tardaron años en detener a los corruptos. Campagnoli, por ejemplo, se refirió a los fueros que protegen al ex ministro Julio de Vido, actualmente diputado nacional.
Ninguno de los manifestantes se refirió en cambio a la causa en la que se tramita el concurso de acreedores de la empresa Correo Argentina SA, que pertenece a la familia del presidente Macri.
Esa causa tiene más de 16 años y nunca se decretó la quiebra pese al tiempo transcurrido. El año pasado, la fiscal Gabriela Boquín sostuvo que se había acordado un arreglo ruinoso para el Estado.
Por ese acuerdo, que luego quedó sin efecto, se inició una causa en la que el presidente Macri está como imputado por haber favorecido a la empresa de su padre.
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