Hay cuatro núcleos ineludibles en los que avanzar. En primer lugar, la regulación del manejo de los fondos destinados a la actividad de inteligencia y la rendición de cuentas de aquellos que son reservados. Luego, y para limitar la posibilidad de autonomización, establecer instancias de control político, parlamentario y de la sociedad civil. El tercer punto es la regulación del manejo de la información de estas agencias. De qué modo se clasifica y cómo se desclasifica. Si la actividad que realizan tiene carácter secreto –en general–, hay formas de regular el alcance de este secreto. Algunos países, por ejemplo, luego de una cierta cantidad de años, desclasifican los archivos de inteligencia y esta operación no depende de lo que decida un responsable político. ¿Quién puede acceder a ese material? Es importante generar reglas que permitan que el sistema judicial o la instancia de control parlamentario puedan contar con esa información en el marco de investigaciones. Se trata de generar las herramientas que den capacidad de gobierno y control político sobre este tipo de estructuras.

Por último, no se puede dejar de lado la relación espuria que algunos sectores de la Justicia federal fueron consolidando con la Secretaría de Inteligencia alimentada por la intervención que el poder político les permitió en la designación de funcionarios. La colonización de sectores del Poder Judicial es de largo aliento y muy preocupante. En algunas causas judiciales, como en la de la AMIA, se los vio cometiendo delitos (el pago a Telleldín, por ejemplo) o manejando la investigación. Cuando se habla de independencia y autonomía del sistema de justicia, este punto debe ser central en el debate. Muchas de las reacciones de la Justicia federal de la Capital, bajo el ropaje de afectación a esos valores, fueron respuesta a la posibilidad de que se afectaran estos vínculos, que por suerte hoy son mucho más explícitos.

El caso AMIA, con toda su tragedia, hizo visibles estos problemas de una agencia autonomizada con gran influencia sobre la política y su judicialización. Y nos permitió ver también las consecuencias de no haber avanzado en una transformación profunda de este esquema: hoy aparecen en el centro de la escena del sistema político argentino.

*Directora del Area de Justicia y Seguridad del CELS.