La jueza de Nevada, Cam Ferenbach, admitió un pedido presentado por el fondo Elliot Associates, controlante de NML, y podrá avanzar sobre 123 “sociedades fantasmas” que estarían relacionadas con el empresario Lázaro Báez.

Los responsables del “fondo buitre”  habían decidido avanzar sobre estas cuentas en virtud de la cercanía del empresario con la familia Kirchner.

Según se explicó a través de una cláusula denominada Discovery, se buscaría rastrear los activos de esas compañías que, sospechadas de haberse valido de dinero público por métodos corruptos, se volverían plausibles de embargos.

Además precisa que el monto involucrado es de u$s 65 millones y que las sociedades implicadas reportaban a una misma dirección Aldyne Ltd., una corporación radicada en las Islas Seychelles, cuya apoderada es Leticia Montoya, una abogada residente en Panamá.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, denunció una “confabulación” entre los fondos buitre y el sistema judicial de Estados Unidos presuntamente para perjudicar a la Argentina en su reestructuración de deuda, y volvió a cargar contra el juez del caso, Thomas Griesa.

Además, aseguró que Estados Unidos “no ha comunicado respecto a la aceptación de jurisdicción o no, oficialmente”, sobre el planteo argentino ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, aunque la semana pasada se conoció el rechazo de Washington a la iniciativa de la Casa Rosada.

El funcionario recordó que “el juez no libera una orden de desacato porque no la puede aplicar a un país soberano, no propicia el embargo de los fondos porque no pertenecen a la Argentina, sino a los bonistas, lo único que hace el juez, por instrucción expresa de los fondos buitre, es obstaculizar el proceso de pago”.