Por Rafael Saralegui.

Un informe oficial de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) da cuenta de la complicidad sistemática de jefes de la Policía Federal para proteger prostíbulos que funcionan en jurisdicción de las comisarías a su cargo en diversos barrios de la ciudad de Buenos Aires.

El informe 2012 de la UFASE, creada hace cuatro años para colaborar en las investigaciones sobre trata de personas, ya sea con fines laborales o sexuales, advierte sobre la “la connivencia policial”, que se manifiesta en la protección a prostíbulos situados en los radios correspondientes a la comisaría 1ª (microcentro), 19ª (Recoleta), 25ª (Palermo y Villa Crespo) y 40 ª (Floresta), entre otras seccionales.

El fiscal Colombo está a cargo de la UFASE.

Los datos que incriminan a los jefes policiales se encuentran reunidos en dos expedientes judiciales actualmente en trámite, con distintos grados de avance pero que dejan evidencia que la explotación sexual no podría existir sin la complicidad de la policía, como se ha venido probando en diversas causas desde hace más de un siglo.

No se trata, entonces, de una novedad, pero el tema vuelve a cobrar relevancia ahora, mientras resuenan los ecos por el escandaloso fallo que obsolvió a los trece acusados del secuestro, explotación y desparición de Marita Verón, por parte de un tribunal tucumano.

Los fundamentos de esa inexplicable sentencia se darán a conocer esta tarde, luego de que anoche la presidente Cristina Fernández recibiera a la madre de Marita, Susana Trimarco, para expresarle su apoyo en su lucha. El Poder Ejecutivo habilitó sesiones extraordinarios en el Congreso para tratar la reforma a a Ley que castiga la trata, que ya cuenta con media sanción.

De todos modos, más allá de las iniciativas por discutirse en el Parlamento, que podrán ayudar a investigar un delito complejo, que mueve miles de millones de dólares en todo el mundo, la clave para erradicar este delito es romper con las estructuras que permiten su permanencia en el tiempo a cambio de dinero.

En esa línea, el informe 2012 de la UFASE, a cargo del fiscal general Marcelo Colombo, es revelador. “Este año se han producido avances considerables en expedientes judiciales en los que UFASE colabora directamente y que involucran imputaciones contra funcionarios policiales por connivencia en la explotación de la prostitución ajena, en particular a través del encubrimiento de prostíbulos”, dice el trabajo.

Consigna que la Unidad colaboró con el doctor Fernando Fiszer, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 8, en el expediente n° 36.932/2010 en el que “se ha logrado el procesamiento de cuatro funcionarios (un comisario, dos subcomisarios y un subinspector) por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con encubrimiento en las modalidades de favorecimiento personal por auxilio para eludir las investigaciones y omisión de denuncia, agravado por su condición de funcionario público”, a lo que se suma el falseamiento de documentación pública.

La Unidad también actúa como coayuvante en la causa n° 10.262/11 de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 6, a cargo de Federico Delgado. Además de haberse pedido varios allanamientos en el expediente se solicitó la declaración indagatoria con relación al delito de trata de personas de cinco personas, uno de las cuales es un ex agente de la Policía Federal Argentina.

Las imputaciones efectuadas se realizaron con relación a dos grupos de hechos: los primeros ocurridos durante el año 2008 y los segundos ocurridos en la actualidad. “Junto con dichas imputaciones se solicitó la indagatoria por el delito de cohecho del comisario a cargo de la comisaría 19° (para los hechos ocurridos en el año 2008) y de los jefes policiales que cumplen funciones al mando de las comisarías 1°, 19°, 25° y 40° de la Policía Federal Argentina, por los hechos actuales”, consigna el informe.

El trabajo de la UFASE señala que en todo el país hay 730 investigaciones preliminares en marcha por el delito de trata y resume que de ese total “el 65% son investigaciones iniciadas con relación a supuestos de trata de personas en donde la finalidad de explotación es sexual (o se investigó algún otro delito vinculado a explotación de la prostitución ajena) y en un 26% de los casos la finalidad de explotación fue laboral».