Por Juan Manuel Casolati.*

Abordar debidamente la seguridad ciudadana, nos compele en primer medida despojarnos de algunos prejuicios.

En el Departamento Judicial de San Martín, existen innumerables denuncias de ciudadanos que han puesto en conocimiento del Poder Judicial, -las fiscalías-, las complicidades entre agentes de la Bonaerense y organizaciones delictivas comunes y del narcotráfico.

Se denuncian aprietes, pruebas plantadas, causas armadas, hostigamientos para que se trabaje, -se delinca- a favor de uno y otro según las preferencias de los malos policías, que a esta altura, huelga decir, que no son pocos, sino muchos.

Y los otros, los buenos policías, -en realidad quienes cumplen con el rol por el que han ingresado a la fuerza-, son saludables espectadores del descalabro de la Bonaerense;  metidos unos y otros en un lodazal de corrupción, muerte y enriquecimiento.

Para el autor el caso Candela fue una estafa judicial.

El Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, -salvo honrosas excepciones-, es un espectador de lujo, técnico y rentado de un paradigma de actuación  policial que goza del beneplácito y la protección del poder político, que lejos de finiquitar los negociados tejidos por la Bonaerense, se favorece con algunas monedas,  que sirven claro está, -como siempre-, para financiar la política; los punteros, la Bonaerense, el poder político sustantivo, los fiscales y los jueces de Garantías, se han convertido en  actores imprescindibles de un aceitado mecanismo que hace que sean posibles, estafas como el caso Candela y otros muchos más que los medios de comunicación no han querido visibilizar.

Y lo peor,  es que lo dicen seguros, casi creyendo ellos mismos, la falacia de su creencia.

Muchos de los policías corruptos pasan su jubilación en los barrios privados del tercer cordón bonaerense, los funcionarios de turno del Ministerio de Seguridad y Justicia, pasan a formar parte del Poder Judicial Bonaerense, pago ineludible del negociado, y las bandas del narcotráfico y grandes organizaciones delictivas siguen funcionando sin pausa.

Estadísticas administrativas que dirimen la eficacia de la actuación policial, son el vital elemento para demostrar desde lo  público la eficiencia de las políticas instrumentadas para vencer  la inseguridad; es por esta simple razón que muchas agencias policiales necesitan resolver rápidamente contingencias delictivas, en las que poco importa si los verdaderos autores materiales y cómplices son quienes resulten aprehendidos. El armado de causas y el plantar prueba lejos de ser una excepción en la actuación policial bonaerense es regla que regula la vida de los ciudadanos y dirime las contiendas que se presentan.

Y en esa lógica de actuación ilegal, el Ministerio Público Fiscal a través de los agentes fiscales de la provincia de Buenos Aires, legalizan y certifiquen las indebidas actuaciones policiales; se han convertido en meras escribanías, deteniendo a diestra y siniestra, pero evitando hacer caer en esta red, a los verdaderos responsables del descalabro de la seguridad provincial.

El Poder Judicial provincial, es hoy garantía de impunidad de los negociados corruptos de la fuerzas policiales, pero ante todo garante para sostener  este sistema de ilegalidad en el que es posible por ejemplo que en San Martín, los verdaderos narcos sean mujeres embarazadas, jóvenes sin trabajo y personas discapacitadas.

Si como se lee;  en los dos últimos años, han sido detenidos por la Policía Bonaerense con consenso fiscal  y de los jueces de garantías, diversas personas involucradas con el tráfico de drogas;  pero, -sugestivamente-, en su mayoría mujeres embarazadas, discapacitados y adolescentes sin antecedentes penales. Lo repito para quede claro y que todos lo entiendan.

¿Y la seguridad?, bien gracias.

*Secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General del Departamento Judicial San Martín.