MenúUn abogado y dirigentes social cercano al Papa Francisco denunció a la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, por haber perdido supuestamente la imparcialidad al direccionar denuncias en la justicia federal contra dirigentes kirchneristas y opositores al gobierno de Mauricio Macri.
«Alonso actúa con parcialidad manifiesta. Es una ‘funcionaria militante’ que no está luchando contra la corrupción como corresponde a su cargo sino persiguiendo adversarios políticos», sostuvo el abogado y dirigente social que hizo la denuncia, Juan Grabois.
Grabois es referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y del Movimiento de Trabajadores Excluidos, consultor del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, y fue recibido en varias oportunidades por el Papa Francisco en el Vaticano.
Ya en diciembre pasado, la Cámara Federal ordenó al juez federal Sebastián Casanello investigar si la OA elige en qué causas intervenir y desiste de participar en otras, al hacer lugar a una apelación del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, quien denunció «una supuesta persecución selectiva».
“El eje, aquí, no se pone en cuáles son los casos en que sí se involucró el organismo –como querellante, entre otros supuestos- sino en aquellos en que dejó o deja de hacerlo”, advirtió entonces el tribunal. Esa conducta, dice el fallo, podría haber sido destinada “a beneficiar o no accionar en determinados casos, en desmedro de las finalidades propias del organismo”.
Para el abogado Grabois, «el direccionamiento de las investigaciones de la Oficina Anticorrupción y la selectividad ideológica en las denuncias son delitos en sí mismos» y solicitó que se investigue si incurrió en los delitos de «incumplimiento de deberes de funcionario y abuso de autoridad».
La denuncia fue presentada en la Cámara Federal porteña y recayó por sorteo con el número 334/2017 en el juzgado federal número 5 -vacante tras la renuncia de quien fuera su titular más de 20 años Norberto Oyarbide– con intervención del fiscal federal Ramiro González.
«Alonso, en la medida que ejerce una función pública, debe mantener una posición de objetividad y actuar con imparcialidad», sostuvo el denunciante y ejemplificó del supuesto direccionamiento a la denuncia que Alonso puso contra el referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.
«Es indignante que habiendo más de 22.000 funcionarios públicos que por distintos motivos no presentaron sus formularios de declaraciones juradas en 2016, Laura Alonso como titular de la Oficina Anticorrupción, promueva una denuncia penal contra Emilio Pérsico«, sostuvo.
Grabois manifestó que «si el criterio para la promoción de denuncias es la no presentación de las DDJJ, Alonso debería haber iniciado acciones contra los 22.396 funcionarios que incurrieron en la misma omisión. No lo hizo».
El abogado cercano al Papa sostuvo en su cuenta de Facebook que Pérsico «vive austeramente, no tiene otro patrimonio que su cuenta sueldo y encima renunció a su herencia familiar por sus convicciones, algo difícil de entender para esta gente», en referencia a la empresa dedicada a la producción de helados que lleva su apellido.
«La imprescindible lucha contra el cáncer de la corrupción no puede ser degradada a la categoría de mecanismo persecutorio contra los que el poder visualiza como sus enemigos. Eso sólo consolida la corrupción estructural y la política del carpetazo», destacó.
El dirigente expresó que «la denuncia de Alonso contra Pérsico es claramente parte del limaje al que se pretende someter a los movimientos populares y cualquier representación fuerte de los humildes en el marco de una política económica antipopular que pareciera va a profundizarse en 2017″.
