Por Carlos Pagliere (h.)*

El proyecto de reforma del código penal presentado recientemente a la Presidente de la Nación es un peligro    para la seguridad de los ciudadanos. Si mañana se evadiera un tercio de la población carcelaria, es seguro que el país ingresaría en la peor emergencia penitenciaria y judicial de la historia. Pues bien, con la sanción del proyecto de nuevo código penal, uno de cada tres presos del país recuperaría automáticamente la libertad.

La prensa recoge opiniones a favor y en contra del proyecto (que por cierto exhibe una calidad dogmática muy inferior al código penal vigente), pero todavía nadie ha hecho la necesaria evaluación global de las futuras consecuencias de su sanción.

El proyecto de código penal contempla penas significativamente más bajas que el código actual y, por el principio de la ley penal más benigna, no sólo se aplicará a los delitos futuros (lo que presagia un recrudecimiento de la inseguridad), sino también a los delitos ya juzgados.

Los jueces, con la sanción del nuevo código penal, tendrían la obligación de revisar todas las condenas ya dictadas para ajustarlas a las nuevas penas más beneficiosas para los delincuentes. A modo de ejemplo, un asesino condenado a prisión perpetua, un ladrón a mano armada condenado a 18 años de prisión y un violador sexual condenado a 14 años de prisión, verían todos reducidas sus penas a sólo 10 años prisión.

Pero el proyecto de código penal no sólo disminuye las penas, sino que permite la libertad condicional a la mitad de la condena y con mínimos requisitos, con lo cual el asesino condenado a prisión perpetua, el ladrón a mano armada condenado a 18 años de prisión y el violador sexual condenado a 14 años de prisión, al reducir sus penas a 10 años de prisión, podrían quedar en libertad cumpliendo tan sólo 5 años de prisión.

No debemos olvidar, asimismo, que con la reducción de penas del nuevo código penal, casi la totalidad de quienes cumplen pena por homicidio culposo y la inmensa mayoría de quienes cumplen pena por comercialización de estupefacientes y por hurto de ganado seríaninmediatamente puestos en libertad.

Tampoco es un dato menor que el proyecto de código penal prácticamente despenaliza todos los delitos con penas inferiores a 3 años y que, al suprimir la reincidencia, se perdería una importante herramienta de disuasión para los delincuentes recalcitrantes o que hacen del delito un modo de vida.

El principio de la ley penal más benigna no sólo impone revisar las penas ya dictadas, sino que también obliga a revisar todas las prisiones preventivas vigentes, por lo cual, en consonancia con la reducción de las penas, una de cada tres personas detenidas en prisión preventiva debería ser puesta en libertad de inmediato.

Por último, aunque todavía quedara privada de su libertad el 2/3 remanente de la población carcelaria, sus penas se licuarían de un modo tan dramático que en muy pocos años la población carcelaria del país se reduciría a la mitad.

Un proyecto de código penal que propone la liberación automática de no menos de 20.000 presos (más otros 10.000 en escaso tiempo) no sólo echa por la borda muchos años de lucha contra la delincuencia, sino que además impresiona como desacoplado a la realidad de inseguridad que vive nuestro país.

* Juez penal, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Azul.