Gustavo Vera fue uno de los autores de la denuncia.

Por Javier Sinay

El barrio Illia, del bajo Flores –en la ciudad de Buenos Aires–, está ubicado entre las calles Ana Maria Janner, Agustín de Vedia, José Barros Pasos y Presidente Camilo Torres y Tenorio. En un radio de no más de quince manzanas, la Fundación La Alameda señaló la existencia de puntos de expendio de drogas, desarmaderos y un prostíbulo. Según una denuncia presentada por los legisladores porteños (y miembros de La Alameda) Gustavo Vera y Pablo Bergel, del Bloque Bien Común, el centro narco se encuentra en el cruce del pasaje Azul y Crespo, donde circulan autos de lujo que llevan cocaína en su baúl. En la calle Barros Pasos, en la puerta del comedor La Mami, hay otra boca de expendio. Además, en la manzana 5 del barrio hay un prostíbulo con 14 mujeres paraguayas reducidas a explotación sexual. La denuncia indica la existencia de dos desarmaderos de autos y motos robadas: uno en la intersección de las calles Crespo y Ana María Janner, al lado de un destacamento de la Policía Federal, y otro en el taller “Cartucho”, en el cruce de las calles Mom y Ana María Janner. Dos vecinas han denunciado que les cobraron un peaje de 100 pesos por andar en su propia cuadra. Y una capilla que compró el entonces Jorge Bergoglio siendo arzobispo, destinada a ser construida sobre la calle Blanco, ve su obra interrumpida por decisión de los narcotraficantes del barrio.

“Los narcos controlan prácticamente todo el barrio”, explica Gustavo Vera. “Han desviado el recorrido de los colectivos e interrumpen el servicio de correo: abren las cartas y se las entregan abiertas a los vecinos”. En su denuncia, Vera y Bergel acusaron al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri; a su ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro; a los jefes de la Policía Metropolitana Horacio Giménez y Ricardo Pedace; a la ministra de Seguridad de la Nación, Cecilia Rodríguez, y a su segundo, Sergio Berni. Los delitos que descargan son: violación de los deberes de funcionario público, abandono de personas, abuso de autoridad y producción de actos discriminatorios, en su carácter de cómplice, partícipe, encubridor o instigador.

“Este barrio no es una villa”, sigue Vera. “Fue inaugurado por Alfonsín, eran viviendas de Fonavi, y está poblado por gente de clase trabajadora. Pero los narcos lo han ido copando progresivamente y los vecinos vienen denunciándolo desde 2002, sin respuesta. Nadie hace nada”.

Los vecinos hicieron denuncias ante el juez Norberto Oyarbide y el fiscal de Nueva Pompeya y Parque Patricios, Adrián Giménez. También ante el ex ministro de Seguridad Arturo Puricelli, el secretario del Interior, Sergio Berni, la Gendarmería Nacional y el Servicio de Inteligencia. Y acusan al jefe de la Comuna 7, Guillermo Peña, de mantener vínculos con los narcos. Peña estuvo procesado por extorsión a vendedores ambulantes en su paso por la Agencia Gubernamental de Control (AGC). El operativo Cinturón Sur, que llevó a la Gendarmería al barrio, disminuyó la presencia de los narcotraficantes de las esquinas, pero hoy, según dicen los vecinos, los “transas” les tiran bombas molotov a los gendarmes y los amenazan.

Según la denuncia presentada por los legisladores Vera y Bergel, “tomamos conocimiento en virtud de nuestras funciones que en el referido barrio existen organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico que ejercen el control territorial del lugar pese a la presencia de la Gendarmería Nacional la que resulta aparentemente impotente para restablecer el imperio de la ley”.

Sigue: “Las referidas organizaciones criminales han logrado generar de hecho una situación de dualidad de poderes en la que el Estado está siendo paulatinamente desplazado como institución soberana reguladora de las relaciones sociales”.

“Lo que tenemos que ver los vecinos de la ciudad de Buenos Aires es que este es el espejo de nuestro propio porvenir si no hacemos nada”, dice Vera. “Esto no es en Chaco o en Formosa; esto está en las puertas mismas de la Casa Rosada y hay un alto nivel de mafiosidad”.