Por Maximiliano Rusconi*

Son épocas difíciles del país en las cuales, con buenas razones, nos hemos obsesionado en buscar los supuestos bolsos con dinero de la corrupción que parecían surgir de videos de medianoche. También hemos acudido de modo esforzado a máquinas que agujereando un sector de la Patagonia exploraban por debajo del nivel del mar y colapsaron las agencias de viajes con vuelos en primera de fiscales y jueces federales que tomaban el té en aristocráticos cafés de Zurich mientras esperaban que atractivas funcionarias o elegantes empleados les cruzaran a la mesa las paupérrimas notas firmadas por responsables de cuenta en diversos bancos que poco y nada aportaban a la investigación sobre el dinero (ir a Panamá hubiera sido más barato y útil).

Por último, hemos hecho nacer esperanzas remiseras basadas en relatos de cronologías sofisticadas que expresaban en cuadernos de niñez los detalles de una supuesta época gris. Pero, según parece, algo bueno ha surgido de todo esto, aunque los genios de la comunicación de este gobierno

no le otorguen chance a la noticia de tapar el alocado precio del dólar si uno se guía por la poca importancia de las reacciones institucionales o incluso mediáticas.

La gran noticia es que, si no me equivoco, por fin ha aparecido el dinero que se buscaba de la corrupción. O, en todo caso, una gran parte. O, por lo menos, parece que ahora sí nos debemos una seria (y sencilla) investigación, en un viaje que sigue la ruta más famosa luego de la emblemática 66, la icónica “ruta del dinero”.

Según cuentan muy sueltos (también) de cuerpo los importantes señores que integran el equipo de los empresarios de la construcción arrepentidos, ubicados, recordemos, dentro de los primeros 15 o 20 empresarios más favorecidos en cuanto a adjudicación de la obra pública, relegando incluso a un mediocre lugar al supuestamente omnipresente Lázaro Báez, durante muchos años ellos lastimosamente fueron víctimas de una cruel extorsión: se les exigió aportes económicos sistemáticos en consonancia con la evolución de sus exitosas gestiones empresariales al sol de la obra pública. No hay que ser Sherlock Holmes para deducir que, según este relato, entonces esas adjudicaciones de obra pública eran no otra cosa que cañones de distribución de dinero público entregado y dirigido (insisto según esta impactante descripción) a aquellos pobres emprendedores que habían sido obligados a hacer aportes económicos. Estos empresarios debieran aprovechar la sinceridad de su arrepentimiento y en un acto casi de emocionado patriotismo ir a ver a la no abogada Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, y decirle que ellos mismos tienen, claro, ese dinero espurio y que lo ponen a disposición del Estado, justo en este momento en el que cada dólar es un bien extremadamente escaso.

De otro modo, estos empresarios han mentido y han cometido un delito grave en el marco de la llamada ley del arrepentido en perjuicio de unos pocos funcionarios del gobierno anterior. Ello producirá otro saneamiento: así como las sentencias de culpabilidad implican para los funcionarios también la inhabilitación para ejercer cargos públicos (a veces de por vida), estos prestigiosos señores de arrepentimiento fácil deberán ser pasibles de la misma medida: nunca más ser contratados por el Estado.

Como decía mi abuela: “no hay mal que por bien no venga”.

*Profesor titular de derecho penal (UBA). Defensor de Julio De Vido.

Fuente: Página 12.