La reactivación en el Congreso del debate de la reforma del Código Civil y Comercial no es el único  guiño que Ricardo Lorenzetti recibió desde el Gobierno en las horas posteriores al fallo por la ley de medios. Los favores más determinantes se mantienen bajo siete llaves y alejados de los flashes.  Lo cierto es que el Gobierno ha cancelado sus planes para nombrar un nuevo administrador del Consejo de la Magistratura, en definitiva quien controla las finanzas de todo el Poder Judicial con excepción de los recursos propios de la Corte Suprema.

Paradójicamente el fallo del martes último no trajo satisfacción en la oficina de Axel Kicillof. El viceministro de Economía ya había designado a uno de sus colaboradores para que éste desembarcara como administrador del Consejo. Hasta tenía el visto bueno de Eduardo “Wado” De Pedro.

Actualmente, ese cargo está vacante y la firma corre por cuenta de Germán Krieguer, subadministrador del Consejo, ex funcionario del Ministerio de Economía y cercano a Ricardo Lorenzetti. El Gobierno pretendía ponerle un funcionario por encima desde que la reforma judicial tropezó con los fallos de la Corte Suprema.

El fallo de la ley de medios lo cambió todo y Krieguer, quien tiene entre sus múltiples atribuciones la confección del presupuesto anual del Poder Judicial,  mantendrá su influencia. Cuenta con dos aliados estratégicos: el actual presidente del Consejo de la Magistratura, Mario Fera, y el secretario de la Comisión de Administración y Financiera, Juan Carlos Cubría, que llegó a ese cargo con una recomendación de la Corte Suprema.

Alianzas cuyo efecto será puesto a prueba en breve dado que Elisa Carrió no solo limitará sus denuncias de un supuesto pacto de Lorenzetti con el Gobierno a los canales de televisión. Un grupo de auditores ya trabaja sobre el manejo de los fondos en el Consejo de la Magistratura. Ese grupo es conducido por ex directivos de la Auditoria de la Ciudad. Esos trabajos serán el punto de partido de nuevas denuncias pero ya en sede judicial.

El peor momento entre la Corte y el Gobierno quedó atrás.