Casi todos estuvieron de acuerdo: la mayoría de los legisladores porteños votaron hoy a favor de ley por la que se crea la nueva Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que se forma con los integrantes de la Policía Metropolitana y los que fueron traspasados de la Policía Federal.
De esta forma, la Legislatura porteña aprobó por 55 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, el proyecto de ley sobre el Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Varios legisladores del oficialismo coincidieron en que se trató de un «momento histórico» y una «decisión estratégica», dado que se unifican las fuerzas de seguridad que operan en el distrito, entre ellas la Policía Federal y la Metropolitana.
Por esta norma nace como nueva institución la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que se integrará con los aproximadamente 6.000 actuales policías metropolitanos y los casi 20.000 efectivos transferidos desde la Policía Federal.
El Sistema Integral de Seguridad Pública prevé la creación de la Policía de la Ciudad, un cuerpo de bomberos civil, foros de participación ciudadana, mecanismos de control y transparencia, para lo cual deberán contar también con su normativa funcional y disciplinaria para el personal policial.
La unificación de las policías, por lo cual ahora la ciudad tendrá sólo una fuerza de seguridad, tuvo su primer paso con el convenio firmado en enero entre el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.
Por medio de ese convenio, se traspasaron a la ciudad las Superintendencias de Seguridad Metropolitana, de Bomberos, de Policía Científica, de Investigaciones Federales, de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Aviación Federal, con unos 19 mil efectivos.
Cuando se firmó el convenio se estableció también la transferencia de todo el personal, los “organismos, funciones, competencias, servicios y bienes, tanto materiales (muebles e inmuebles) como inmateriales (sistemas informáticos, de seguimiento y/o de comunicación)”.
El proyecto sancionado hoy sostiene que «la seguridad pública, como uno de los insumos fundamentales de la vida en sociedad, exige el máximo esfuerzo en la gestión y las acciones de gobierno para resguardar la vida y el ejercicio posible e igualitario de los derechos de los ciudadanos”.
“Ello es un derivado del Convenio entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscripto el día 5 de enero de 2016 entre el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el presidente de la Nación”, detalla el texto.
El Sistema Integral de Seguridad Pública propone una reforma integral, además de incentivar la participación ciudadana busca poner el acento en la transparencia y permite administrar de manera más eficiente los recursos del Estado. Dentro de la normativa se incluye a la Policía de la Ciudad, pero también crea el cuerpo de Bomberos profesionales, que será independiente, y da forma al Instituto Superior de Seguridad Pública encargado de la formación y capacitación de todos los integrantes del sistema.
Por otra parte, busca controlar el accionar de la nueva fuerza, por lo que se crearía la Oficina de Transparencia y Control Externo, además de establecer la obligatoriedad de la presentación de declaraciones juradas.
“La Oficina de Transparencia y Control es continuadora de la Auditoría Externa policial actualmente vigente, pero se ha reforzado su independencia frente al órgano policial controlado, indispensable para el adecuado cumplimiento de su misión de control, mediante la explícita incorporación de los principios de autonomía de criterio, idoneidad, diligencia profesional y secreto profesional en su accionar”, sostiene el texto.
Añade que “esta independencia sólo puede hacerse efectiva mediante la prohibición de integración del órgano de control con personal perteneciente a la entidad controlada, así sea en uso de licencia”.
El proceso de integración a partir de la unificación de la Federal y la Metropolitana está orientado para que los agentes no pierdan ninguno de los derechos adquiridos; a su vez, habrá un escalafón único, un nuevo régimen disciplinario con faltas leves, moderadas y graves y se desarrollarán las especialidades de Seguridad, Investigaciones, Policía Científica y Tecnología de la Información y Comunicaciones. Con respecto a los ascensos, sólo se determinarán de acuerdo a los méritos mérito y para alcanzarlos se exigirán niveles académicos específicos para cada caso.
Del extenso debate participó el presidente de la Comisión de Seguridad del Palacio Legislativo, Juan Pablo Arenaza, quien aseguró que el objetivo “es crear una Ciudad de Buenos Aires más autónoma”. Desde el bloque Partido Socialista, Roy Cortina había adelantado que iba a votar a favor de la ley, ya que las sugerencias presentadas por el partido fueron tomadas en cuenta, e inclusive incorporaron en el texto la creación del mapa del delito.
Por la la CC-ARI, los diputados Paula Oliveto Lago y Maximiliano Ferro, también se expresaron a favor de la medida. Desde el FIT el legislador Marcelo Ramal expresó en su discurso durante la sesión que no apoyaba la ley, al igual que el diputado del PTS, Patricio Del Corro, quien aseguró que “es la ley de la impunidad”.