| Matrícula de los abogados

Te contamos la última pelea entre La Cámpora y Gente de (Pro) Derecho

El proyecto para crear una matrícula nacional para los abogados provocó la ira de Jorge Rizzo. Otra pelea por el control del Registro de Reincidencia. Jueces a votar.

De Pedro presentó el proyecto que enfurece a Rizzo.

De Pedro presentó el proyecto que enfurece a Rizzo.

Rafael Saralegui

Una nueva pelea estalló en el mundo de los abogados y los involucrados son autoridades nacionales que militan en La Cámpora, letrados que participan en la agrupación porteña Gente de Derecho (el brazo del Pro en el mundo judicial) y otros matriculados que pertenecen a los colegios profesionales del interior del país. Como siempre, la disputa es por espacios de poder.

El origen del nuevo enfrentamiento es el proyecto de ley que el diputado nacional de Eduardo “Wado” de Pedro (FpV) presentó para la creación de una matrícula federal única para el ejercicio de la abogacía ante la Justicia Federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De Pedro es un conspicuo miembro de La Cámpora e integrante del Consejo de la Magistratura.

En el texto del proyecto se dispone que la matrícula sea otorgada por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A.), entidad de carácter federal integrada por 79 colegios de abogados distribuidos en todo el país, por lo que la iniciativa cuenta con el respaldo de esa organización de alcance nacional. Hasta ahora los abogados que tienen que litigar ante juzgados federales del interior del país tienen que inscribirse en las Cámaras Federales de cada jurisdicción, una tarea que los jueces ya no quieren realizar, debido a se sobrecarga al personal con tareas administrativas que no tienen nada que ver con la administración de Justicia. El proyecto establece la creación de una matrícula que será otorgada por FACA en cada lugar donde existe un colegio correspondiente al domicilio real del abogado solicitante.

“Pretendemos que las Cámaras Federales concentren sus esfuerzos en lo que es su objetivo principal y no en tareas administrativas. Queremos que los abogados no tengan que trasladarse a otras ciudades para poder inscribirse como litigantes ante la Justicia Federal», dijo De Pedro, al defender la iniciativa.

El titular de la agrupación Gente de Derecho, Jorge Rizzo, ya anunció que saldrá a militar en contra del proyecto. Rizzo y el presidente de Boca, Daniel Angelici, fueron los artífices de la reciente victoria de esa lista en la elección de los representantes de los abogados para el Colegio de la Magistratura. La alianza de Rizzo y Angelici, se hace evidente en el interés del empresario del juego de convertirse en un operador clave del Pro en el mundo judicial.

Hay otro antecedente en la pelea entre Gente de Derecho (Pro) y La Cámpora. Esta semana, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y el titular de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Ricardo De Felipe, firmaron “un acuerdo para facilitar a los ciudadanos la obtención del certificado de antecedentes penales que emite el Registro Nacional de Reincidencia (RNR)”, en sedes repartidas por todo el país. La gacetilla dice que “a través del acuerdo, la FACA podrá a través de sus entes afiliados de todo el país operar el suministro del formulario correspondiente para la tramitación del Certificado de Antecedentes Penales, algo que en la práctica se traduce en una profundización en la federalización de los servicios que presta el Registro de Reincidencia y una respuesta más ágil y directa para los ciudadanos.” Lo que la gacetilla no dice que hasta ahora ese privilegio estaba en manos del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que conduce la agrupación de Rizzo.

El contexto político de las dos iniciativas a las que se oponen los abogados Pro, son las pasadas elecciones de los abogados para el Consejo de la Magistratura y las otras que se realizarán el martes 23 para designar a los representantes de los jueces al mismo organismo. El resultado de esos comicios trazará el mapa de alianza para los próximos dos años en el cuerpo que decide sobre los premios y castigos en el mundo judicial.