El juez Sergio Moro, responsable en primera instancia de la operación anticorrupción Lava Jato (Lavadero), aceptó hoy la invitación del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, para ser ministro de Justicia a partir del próximo 1 de enero.
«Después de una reunión personal, en la que se discutieron (temas de) política, acepté la honrosa invitación», dijo Moro en un comunicado tras un encuentro con Bolsonaro en Río de Janeiro.
El juez lamentó abandonar 22 años de magistratura, pero resaltó la oportunidad de «consolidar los avances contra el crimen y la corrupción y apartar riesgos de retrocesos por un bien mayor».
«La perspectiva de implementar una fuerte agenda anticorrupción y anticrimen organizado con respeto a la Constitución, a la ley y a los derechos, me llevaron a tomar esta decisión», señaló.
Según Moro, la Operación Lava Jato, que investiga las maniobras de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, continuará en Curitiba, pero a cargo de otros jueces.
«Para evitar controversias innecesarias, debo, desde luego, alejarme de nuevas audiencias», añadió.
Moro estuvo cerca de una hora y media con el presidente electo, y al salir de la reunión evitó hablar con la prensa.
Bolsonaro, de la misma forma, confirmó el nombre de Moro y recordó que serán fusionadas las carteras de Justicia y Seguridad Pública.
«Su agenda anticorrupción, anticrimen organizado, así como el respeto a la Constitución y a las leyes serán nuestro norte (dirección)», escribió el presidente electo en su cuenta de Twitter.
Graduado en Derecho por la Universidad Estatal de Maringá, el juez Moro tiene maestría y doctorado por la Universidad Federal de Paraná.
Es juez federal desde 1996, con especialización en delitos financieros, y es responsable por la prisión de políticos y empresarios vinculados al esquema de corrupción en Petrobras.
Moro condenó el año pasado a prisión al ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), por corrupción pasiva y lavado de dinero.
La designación de Moro como ministro de Justicia de Bolsonaro fue objeto de duras críticas por parte del Partido de los Trabajadores (PT), para el cual el hecho revela la «parcialidad» del juez en actos vinculados a la Lava Jato.