Gils Carbó pidiói ratificar el fallo de la Cámara de La Plata.

Tal como lo anunciaron hoy varios medios, el fiscal federal Eduardo Taiano reclamó la citación a declaración indagatoria de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por presunto fraude a la administración pública, cohecho y tráfico de influencias a raíz del supuesto direccionamiento de la licitación y pago de sobornos para la compra del edificio en el que funciona el organismo.
Paralelamente, la defensa de la funcionaria entregó al magistrado un escrito para reclamar el sobreseimiento de Gils Carbó en la causa, al sostener que todo comenzó con un «anónimo» cuyo contenido, argumentó, habría quedado «descartado» durante la investigación.
«Los funcionarios públicos involucrados han participado en la comisión de hechos delictivos despreciando el buen apego que debieron tener como representantes de una institución como el Ministerio Público Fiscal», afirmó el fiscal en su dictamen presentado al juez federal Julián Ercolini, quien tendrá que decidir si avanza o no con las citaciones.
El pedido del representante del Ministerio Público fiscal se produjo en el marco de una polémica instalada en los medios luego de que la propia procuradora afirmara que un eventual desplazamiento de su cargo vía decreto presidencial sería «inconstitucional» y denunciara un «armado de los medios» de prensa para forzarla a dar un paso al costado.
El fiscal Taiano consideró que la tramitación de la compra del edificio en 2013 «aparentó un escenario normal, como si el proceso de selección de oferentes no hubiese estado condicionado desde un primer momento» pero que todo se trató de una «simulación ha quedado al descubierto».
Sobre Gils Carbó, para Taiano «ha quedado demostrado que su accionar fue determinante en el avance del trámite licitatorio investigado y su direccionamiento».
Para el fiscal, la Procuradora y jefa de los fiscales «no sólo conoció el entretelón de la ilícita intención con la adjudicación a la empresa Arfinsa (intermediaria), sino que a su vez participó activamente en su desarrollo al aprobar cada uno de los actos que implicaron determinaciones de fondo para su materialización».
Por ello pidió indagarla junto a otros imputados por «los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública».
Además de Gils Carbó, la fiscalía solicitó indagatoria para Guillermo Bellingi, Héctor Zurita, Jorge Domanico, Osvaldo Leguizamón, Juan Carlos Thill, Bárbara Jaureguiberry, Ignacio Costa Urquiza, Adrián Marcelo González Fischer, Pedro Antonio Donato Viceconte y Roberto Daniel Martino, según el dictamen de 72 carillas al que tuvo acceso Télam.
Según la acusación, el accionar de los imputados «tacha de corruptos a los funcionarios que con el dinero del Estado obtuvieron un provecho personal de una operación pública».
Además, agrega que hubo un perjuicio al Estado nacional porque ya estaba elegido el ganador de la licitación antes de comenzar la misma y que todo «fue producto de una serie de maniobras pergeñadas para torcer el interés de la administración pública y beneficiar a los imputados».
En la investigación, el fiscal dio por probado que se trató de una compra direccionada y que se pagaron millonarias comisiones destinadas a la inmobiliaria que intervino, Jaureguiberry, que incluyeron el pago irregular a un intermediario, Thill, hermano de Bellingi, el por entonces funcionario de la Procuración que intervino de manera directa en todo el proceso de compra del inmueble.
«Resulta preponderante que el asesor de la inmobiliaria que intervino en la venta del edificio sea hermano de la persona designada por la Procuradora General para lograr que llegase a buen puerto la adquisición del inmueble por parte de la PGN», advirtió Taiano al considerar que se trató de una «contratación espuria».
Bellingi «fue una de las primeras personas que no se desempañaban desde antes en la PGN y fueron designadas por Gils Carbó en un cargo de jerarquía dentro de un área muy sensible como la SGA, donde se desarrolló la gestión central del trámite licitatorio que nos ocupa», agregó el fiscal..
La compra del edificio ubicado en la calle Perón 667 del centro porteño se concretó por «43.850.000 de pesos (aproximadamente equivalente a 8.120.370 dólares), desembolsados por la PGN hacia la firma Arfinsa, la que a su vez pagó la suma de 7.706.399,90 pesos (aproximadamente equivalente a 1.427.111 dólares) en concepto de comisión inmobiliaria a la empresa Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios SA.
En tanto, esta última, compartió su comisión en partes iguales con el productor de seguros Juan Carlos Thill, quien cobró 3.019.054,85 pesos (aproximadamente 600.000 dólares), según detalló el fiscal.
Para el representante del Ministerio Público Fiscal, hubo maniobras para dar «un viso de legalidad a un dinero destinado a comprar la voluntad de los funcionarios públicos» y con la intervención de Bellingi el pliego de bases y condiciones de la licitación quedó a medida de la oferta de la inmobiliaria Jaureguiberry.