El Senado convirtió en ley una minuciosa tarea de ordenamiento legal realizada por más de 200 juristas, que luego una comisión bicameral del Congreso controló y plasmó en un dictamen que mantiene en vigencia 3.353 de las más de 33.000 normas sancionadas desde 1853 a marzo del 2013.

La iniciativa fue aprobada por 41 votos aportados por el Frente para la Victoria; el Frente Cívico de Santiago del Estero y el PRO, mientras que el radicalismo y el peronismo opositor reunieron 14 sufragios en contra de la propuesta, y las abstenciones fueron tres que correspondieron al FAP.

En un debate que se extendió por espacio de cuatro horas, el oficialismo consiguió sancionar esta iniciativa por la cual ahora habrá un ordenamiento de la legislación de las 33.000 leyes sancionadas desde 1853 a marzo del 2013.

El senador del Frente para la Victoria (FPV), Aníbal Fernández, aseguró que este digesto «es un aporte valioso a la seguridad jurídica» y agregó que «no hay otro país que haya logrado el objetivo de sintetizar un ordenamiento» de sus normas.

Fernández señaló que «partimos de un universo de 33.000 normas», para dejar en vigencia 3.353, «de las cuales 1.656 son tratados internacionales, 1.697 son leyes, decretos ley y decretos de Necesidad y Urgencia».

«No se tienen noticias de otro país que haya logrado sintetizar un Digesto Jurídico y su forma de actualización», apuntó y destacó que ahora «se terminan las zonas grises y los amplios márgenes de interpretación».

Añadió que con este digesto «estaremos eliminando del sistema normativo toda la hojarasca o contaminación legislativa, principalmente a través de derogaciones tácticas e indeterminadas».

Desde la oposición, el presidente del bloque radical Gerardo Morales argumentó su negativa a votar junto al oficialismo porque señaló que la iniciativa «tenía errores», mientras que su par de bancada Mario Cimadevilla señaló que “se incluyen como vigentes artículos que perdieron vigencia”.

Las mismas críticas formuló el senador de Compromiso Federal, Adolfo Rodríguez Saa, quien se sumó a un pedido de Luis Juez y del socialista Rubén Gustiniani para que el proyecto vuelva a comisión, lo que fue rechazado por el oficialismo.

El diseño de un digesto jurídico fue incorporado en la reforma constituyente de 1994 y se derivó en el Congreso esa tarea, pero  no pudo ser enviado antes al Parlamento debido a la magnitud del trabajo a depurar y ordenar las leyes y decretos vigentes.

Esa tarea fue realizaba desde 2005 y hasta 2011 por dos centenares de juristas que se abocaron a ese ordenamiento por el cual sólo quedarán vigentes 3.353 de las más de 33.000 normas sancionadas desde 1853 a marzo del 2013.

Entre las leyes que todavía se encontraban vigentes estaban, por ejemplo, la que ordenaba los fusilamientos de junio de 1956 y otra que penaba «a los funcionarios que azotaban ciudadanos».

El trabajo requirió un estudio minucioso de las normas, ya que muchas de ellas han sido modificadas por nuevas leyes, en tanto otras se superponen entre sí, mientras que varias devinieron en abstracto por el paso del tiempo, aunque nunca fueron derogadas.

Una vez que ingresó al Congreso, el conjunto de esas leyes fue analizado por la comisión bicameral del Digesto Jurídico, integrada por cuatro diputados y cuatro senadores de diferentes fuerzas, y que presidió hasta fin de año el senador Aníbal Fernández.

Ese cuerpo ratificó la división de este ordenamiento jurídico en 26 ramas diferentes del Derecho, entre las que se encuentran el Comunitario, Internacional, Aduanero, Penal, Civil, Comercial, Constitucional y de Medio Ambiente, entre otros.

El análisis, que incluye el soporte técnico de la Dirección de Información Parlamentaria, incluye además normas del Derecho Internacional Público, que contempla las leyes que aprueban numerosos tratados internacionales en los que Argentina fue parte.

Fuente: Telam