Son más de tres mil los detenidos a disposición de la Justicia federal.

El 73 por ciento de los detenidos en cárceles federales a disposición de jueces federales no tiene condena, mientras que ese porcentaje asciende al 77 en el caso de jóvenes detenidos de entre 18 y 21 años y al 62 por ciento en el caso de las mujeres.

Las cifras de los colectivos integrados por jóvenes adultos y mujeres los muestran como los grupos más vulnerados del sistema, dado que en ambos casos superan al 57 por ciento de la población general que está detenida en forma preventiva.

Un dato adicional al caso de la población femenina es que el 9 por ciento del conjunto convive con sus hijos en un penal o se encuentra embarazada.

Los números se desprenden de un informe sobre la población de las cárceles federales realizado por la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), que concluyó que «la política criminal de encarcelamiento preventivo es enfáticamente sostenida por las prácticas de encierro cautelar de la Justicia Federal».

La Procuvin puso énfasis en la situación de jóvenes adultos y mujeres que registran porcentajes de encierro superiores a la media: «Para ambos colectivos se identifican indicadores de agravamiento procesal que refuerzan su condición de grupos subalternos al interior de la ya vulnerada clientela del sistema penal».

El relevamiento realizado por el Área de Registros y Base de Datos de la Procuvin es producto de la sistematización de los partes que le remite semanalmente el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y refleja el estado de la situación al 29 de noviembre de 2013, cuando el número de personas privadas de la libertad en las 28 cárceles y las 10 alcaidías de esa institución ascendía a 10.043.

Esa «imagen histórica» del sistema revela que el 34 por ciento de las personas está detenida a disposición de jueces federales (3376), un 59 por ciento a cargo de jueces nacionales (5935) y el 7 por ciento (732), de magistrados provinciales.

Del total de la población carcelaria, el 92 por ciento son hombres y el 8 por ciento, mujeres; y el 96 por ciento tiene 21 años o más, mientras que el 4 por ciento tiene entre 18 y 21 años.

La Procuraduría a cargo del fiscal Abel Córdoba precisó que «existen dos elementos estructurales que convergen en el agravamiento de la política criminal de encarcelamiento»: el uso extendido de la prisión preventiva y la «modalidad de confinamiento territorial en unidades penales ubicadas a más de mil kilómetros de la jurisdicción de residencia del detenido/a y de los órganos jurisdiccionales de la causa penal».