“Sólo el pueblo organizado en la calle evita que se retroceda en los logros de la lucha contra la violencia institucional” afirmó la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, en el marco del 3º Encuentro Federal de Seguridad Democrática y Popular, organizado por la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional y llevado a cabo en el Congreso de la Nación con gran presencia de organizaciones sociales, políticas, y de víctimas y familiares.

La titular del Ministerio Público de la Defensa participó junto a con María Elena Barbagelata (ex-Diputada Nacional), Nito Artaza (Senador Nacional por la provincia de Corrientes), Nilda Garré (Embajadora ante la OEA y ex ministra de Seguridad de la Nación), Gastón Chillier (Director Ejecutivo del CELS) y Jorge Taina (Legislador de la CABA y precandidato presidencial) de la charla “Seguridad Democrática y Popular. Avances y Desafíos”.

Luego de enfatizar la importancia de la movilización popular para exigir a los actores políticos que pongan freno a la violencia institucional, la Defensora recordó que el Estado argentino, en una causa impulsada por la DGN, fue condenado por la Corte Interamericana de DDHH por aplicar condenas a cadena perpetua contra menores.  Mediante esa sentencia se le impuso al Estado cambiar la ley penal juvenil vigente. “Sin embargo,” subrayó Martínez, “no hay atisbo de que esa ley se vaya a cambiar porque existe en los legisladores un miedo a que al impulsar esa reforma se pueda generar una respuesta no deseada en el electorado”.

La Defensora General señaló que en el Poder Judicial imperan prejuicios que impiden el avance de las denuncias en casos de violencia institucional, así como de violencia de género, en los cuales la palabra de las víctimas no es tenida en cuenta. Para contrarrestar esas prácticas, destacó que en el organismo que ella preside se aplica a rajatabla la ley de Ingreso Democrático a la Justicia, lo que eleva el nivel de sus integrantes. También señaló que lo mismo ha hecho el Ministerio Público Fiscal.

“El problema de la violencia institucional es de importancia fundamental para el Ministerio Público de la Defensa, por eso tenemos un programa de patrocinio jurídico que acompaña a las víctimas y gracias al cual causas que antes quedaban frenadas hoy en día avanzan”, afirmó la Defensora.

Martínez puntualizó que hay dos iniciativas importantes a seguir para combatir a la violencia institucional: una, el proyecto de ley del Diputado nacional Leonardo Grosso que busca federalizar el delito de torturas y apremios; la otra, la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Además, la Defensora General hizo hincapié en cierto tipo de discurso electoral, demagógico y punitivista y sus efectos: “¿Cómo la policía no va a pensar que la violencia está bien si tenemos un candidato a gobernador que dice que a los chicos que le van mal en la escuela hay que maltratarlos, pegarle con varillas en las piernas?”, se preguntó Martínez haciendo clara referencia –aunque sin nombrarlo- a recientes declaraciones del candidato del Pro a la gobernación de Santa Fe, Miguel del Sel.

Para finalizar, la Defensora General reflexionó sobre cómo “la violencia inyecta violencia en la sociedad”. “Eso”, afirmó,”genera un empobrecimiento de la democracia y de la misma sociedad. Y esto exige un mensaje claro por parte del pueblo a las autoridades políticas: el Estado me tiene que cuidar; si no me cuida es un Estado ilegítimo”.