La Cámara Federal de Casación Penal suspendió hoy el pase a los tribunales de Comodoro Py de la causa en la que se investigan maniobras de espionaje ilegal durante el gobierno de Macri.
La decisión transitoria la adoptó el juez Mariano Borinsky a raíz de una presentación del abogado Carlos Beraldi, en representación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para que la causa siga en los tribunales federales Lomas de Zamora.
El abogado Beraldi presentó hoy un recurso extraordinario para que el expediente quede en manos del juez que viene interviniendo y apoyó su planteo en el concepto de «juez natural».
A partir de ahora, Casación deberá decidir se le habilita la vía para llegar a la Corte Suprema de Justicia con ese reclamo.
Mientras Casación evalúe el recurso, los efectos del fallo que la propia Cámara dictó el viernes pasado para que la causa pase a Comodoro Py quedan suspendidos y el expediente permanecerá en Lomas de Zamora.
Juez natural
Los argumentos que esgrimió el abogado defensor de la vicepresidenta destacó el de afectación de la garantía del juez natural, es decir, que los procesos los sigue el juez que los inició.
«Tal como lo establece el artículo 18 de la Constitución Nacional, ningún proceso judicial puede ser sacado de los tribunales designados por ley con anterioridad al hecho enjuiciado, como ha ocurrido en estas actuaciones», señaló el abogado.
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La decisión de trasladar a Comodoro Py los expedientes por espionaje ilegal la tomó la Sala IV de la Casación, con los votos de los camaristas Mariano Borinsky y Javier Carbajo y la disidencia de Ángela Ledesma.
Fue ante el planteo de Gustavo Arribas (ex titular de la AFI en la gestión macrista) y de Darío Nieto, ex secretario privado de Mauricio Macri.
Fallo de Casación
La mayoría eventual de Casación ordenó el pasado viernes que se debían remitir a Comodoro Py la causa por vigilancia al Instituto Patria y también la que investiga la trama bautizada como «Súper Mario Bros» y las acciones de espionaje llevadas a cabo por el Servicio Penitenciario.
El principal vector que establecieron los camaristas para definir el cambio de jurisdicción es que la mayoría de los hechos de espionaje tuvieron epicentro en la Capital y apenas unos pocos eventos investigados ocurrieron en la provincia.
Por el contrario, Beraldi entendió que «la decisión adoptada determina el entorpecimiento de una investigación de una gravedad inédita, con el consecuente riesgo de que hechos que socaban la vigencia misma del sistema democrático puedan quedar en la impunidad».
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