Por Diego Gorgal

La Argentina necesita una nueva ley de drogas que siente modernas bases orgánicas, jurídico-doctrinales y funcionales orientadas a efectivamente preservar la salud y prevenir los daños sociales asociados con el consumo de drogas.

La actual ley 23.737 de estupefacientes data de 1989 y ha sido derogada parcialmente por otras normas, por fallos judiciales que en distintas instancias le han invalidado varios preceptos y, fundamentalmente, por la realidad misma. A resultas de ello, para la Cámara Federal de Salta, contrabandear 513 kilos de hojas de coca no constituye delito; para la de La Plata, el autocultivo de cannabis tampoco lo es. Para la Casación Penal, tener 150 kilos de ladrillos de marihuana en una casa no indica que sean para su comercialización. Para un fiscal de La Matanza, tener cinco tubos de cocaína, otros cinco de pasta base y 31 cigarrillos de marihuana en la calle -y a pesar de tirotearse con la policía- es para «consumo personal». Y para las policías, las tenencias para consumo personal representan la mitad de las «investigaciones» anuales.

El problema de las drogas requiere una política que no sea ni blanda ni dura, sino balanceada e inteligente para establecer las regulaciones y sanciones adecuadas para proteger a las personas y prevenir los daños sociales. Eso reclama una nueva ley que, por ejemplo, clasifique las sustancias reguladas y prohibidas según el daño individual y social de su consumo. Tal vez no se perciba ahora, pero la necesidad de definir acciones sobre la base de esta clasificación será vital para operar con efectividad en los mercados de drogas.

El autor es politólogo y especialista en temas de seguridad

Fuente: La Nacion