Novo fue denunciado por fiscales de San Isidro.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense resolvió hoy abrir el proceso de jury al fiscal general de San Isidro, Julio Novo, acusado de intromisión y entorpecimiento de la justicia en la causa por los crímenes de dos ciudadanos colombianos ocurridos en el shopping Unicenter.
Una fuente de ese organismo explicó a Télam que el jurado que preside el titular de la Suprema Corte de Justicia, Juan Carlos Hitters, y que integran cinco legisladores y cinco abogados de matrícula, se declaró hoy competente y resolvió que se abra el sumario para reunir pruebas sobre la denuncia contra Novo.
En la denuncia, presentada por el ex diputado provincial Marcelo Saín en el 2013, además del caso de los homicidios de los colombianos sumó también denuncias de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) por maltrato de personal y de otros fiscales de esa jurisdicción que habían hecho presentaciones ante la Procuración General de la Corte.
Por la causa del homicidio de los dos colombianos, el fiscal general fue citado a prestar declaración indagatoria por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que lo investiga por presuntamente encubrir una red de narcotráfico.
Esta causa se inició a partir de una denuncia formulada en octubre de 2012 por otro fiscal de San Isidro, Luis Angelini, actualmente en Ejecución Penal, quien entendió que Novo y dos de sus subordinados obstaculizaban sus investigaciones.
Este fiscal consideró que el encubrimiento fue cometido cuando él descubrió vinculaciones entre los asesinatos de tres colombianos y los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, hijos de un ex jefe de la Fuerza Aérea Argentina, quienes están condenados y presos en España luego de que les encontraran una tonelada de cocaí­na en su avión.
Los colombianos Jorge Alexander Quintero Gartner y Héctor Edilson Duque Ceballos, alias «Monoteto», fueron asesinados a balazos el 24 de julio de 2008 en el estacionamiento del shopping Unicenter, de la localidad de Martínez, partido de San Isidro, en el norte del Gran Buenos Aires.
En tanto, Juan Sebastián Galvis Ramírez fue asesinado el 23 de febrero de 2009, frente a una casa de venta de artículos de náutica, situada en la Avenida Del Libertador 1999, del partido bonaerense de San Fernando, donde había concurrido junto con su cuñado, su padre, un amigo y un marinero argentino a comprar un bote semirrí­gido.
De acuerdo a la denuncia, a medida que avanzaron esas investigaciones, se pudo establecer un entramado de relaciones muy complejo, que incluía, por ejemplo, comunicaciones entre los abogados de los sospechosos de los crímenes con las secretarias de la fiscalía general.
«Hubo un intento de evitar que se descubra la conexión de los Juliá con los crímenes de Unicenter y de que se desatare un ovillo que llevase a otros personajes», dijo un investigador del caso.
Cuando efectuó la denuncia, Angelini sostuvo que «existe una inmensa actividad institucional estatal claramente dirigida a encubrir graves delitos de acción pública que ocultan, a su vez, una enorme trama de narcotráfico nacional y supranacional».
Consideró que de ese encubrimiento «participan con diferente grado, al menos, una multiplicidad de agentes de competencia decisiva que integran el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires».