Martinez Llanos se entregó y fue internada.

La ex jueza santiagueña Lucrecia Martínez Llanos, acusada junto a otros dos magistrados y un empresario periodístico de una millonaria defraudación en perjuicio del gobierno de Tucumán, se entregó hoy a la Justicia y quedó detenida e incomunicada en una clínica de la capital santiagueña, informaron hoy fuentes judiciales.
La ex magistrada decidió entregarse tras el pedido de captura nacional e internacional, ordenada por el juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional de III Nominación, Darío Alarcón, que investiga la defraudación por más de 10 millones de pesos al gobierno de Tucumán.
Martínez Llanos padece un cuadro de «hipertención arterial» y fue alojada en una clínica ubicada en el barrio Alberdi de la capital provincial, indicaron los médicos que la asisten.
Con anterioridad, Ramón Tarchini Saavedra, otro de los jueces involucrados en la millonaria estafa, se había entregado y también permanece internado en un sanatorio.
En tanto, se mantienen prófugos de la Justicia el ex juez Miguel Angel Moreno y el empresario periodístico Luis Manuel Pericás (LV 7 Tucumán), que decidieron apelar a un tribunal de alzada los rechazos de eximición de prisión.
Las mismas fuentes judiciales indicaron que una vez recuperados de sus estados de salud, los ex jueces serán alojados en la Escuela de Policía «Coronel Lorenzo Lugones» de la ciudad de Santiago del Estero, en la que cumplió su condena el ex intendente Julio Alegre, encontrado culpable de una millonaria defraudación a la comuna capitalina.
Asimismo, el juez que investiga la millonaria defraudación resolvió inhibir los bienes de los ex funcionarios judiciales y del empresario Pericás, en lo que consideran una «asociación ilícita» para cobrar más de 7 de los 10 millones de pesos cobrados de la coparticipación federal de la provincia de Tucumán.
Los tres ex magistrados se encuentran acusados de los delitos de «prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación calificada».
En el caso del ex juez Moreno, la Fiscalía de Estado de Tucumán amplió una denuncia y le endilgó los delitos de «prevaricato y cohecho agravado», y volvió a insistir en el de «asociación ilícita», que a la fecha no fue aplicado por el juez que investiga la millonaria defraudación.
En la misma causa, el juez Alarcón deberá resolver las denuncias contra las secretarias judiciales Zaída Azucena Juárez, María del Huerto Bravo Suárez y Blanca Luz Diaz los abogados Santiago Fonzo Pinto y Adolfo Darío Suárez, que representaban legalmente al empresario Luis Manuel Pericás (LV 7 Tucumán).
Otro de los detenidos por la millonaria defraudación, Eduardo Antuz, empleado del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de II Nominación, que dirigía el ex juez Tarchini Saavedra, rechazó todos los cargos en su contra, en el marco de una declaración indagatoria a la que fue sometido en los Tribunales de Santiago del Estero.
El escándalo judicial surgió tras la denuncia contra los tres ex magistrados, presentada por la Fiscalía de Tucumán, ante lo que consideraron «insólitas e irregulares medidas cautelares» resueltas en la feria judicial a favor de Pericás y en contra del gobierno de Tucumán.