Rosenkrantz respondió a los senadores.

El jurista Carlos Rosenkrantz, propuesto por el Poder Ejecutivo para integrar la Corte Suprema, defendió hoy su pliego ante la comisión de Acuerdos del Senado, en una audiencia pública en la que aseguró que no hubiera aceptado asumir en el alto tribunal sin el aval de la cámara alta y opinó que «los jueces no deben gobernar» al referirse al rol del Poder Judicial en las decisiones políticas.
Rosenkrantz expuso durante cinco horas ante los senadores de la comisión de Acuerdos en el salón Azul del Palacio Legislativo, en la segunda audiencia pública que se desarrolló para aprobar su nombramiento y el del ex ministro de Justicia Horacio Rosatti como jueces del máximo tribunal del país, propuestos por el presidente Mauricio Macri.
La comisión volverá a reunirse el martes próximo a las 12 con la intención de firmar los dictámenes y poder llevar el debate de los pliegos al recinto, en una sesión que todavía no tiene fecha, según adelantó el titular de la comisión, Rodolfo Urtubey, quien consideró que probablemente «no habrá posiciones unánimes» en los bloques.
En la audiencia  Rosenkrantz justificó su designación por decreto al señalar que estaba supeditada a la posterior aprobación parlamentaria, dijo que está dispuesto a pagar y a militar para que los magistrados paguen impuesto a las ganancias y afirmó que «los jueces no deben gobernar».
«Mi mejor argumento sobre por qué debo ser designado es que soy claramente consciente de que Argentina no necesita superjueces ni la exaltación de la individualidad, sino reconstruir una práctica de la ley del derecho que nos permita resolver los problemas», sostuvo el letrado cuando se le preguntó sobre los motivos por los que creía debía ser aprobado su pliego para la Corte.
Con ese sentido, Rosenkrantz prometió: «Voy a ser un juez que va a ejercer por arriba de toda actitud, el autocrontrol» y destacó también como cualidad propia para integrar el alto tribunal su convicción de que «al país se lo cambia con política, no desde fallos judiciales».
Además, expresó su compromiso a decidir sus fallos en línea con la «tradición constitucional», dejando de lado su opinión personal sobre el asunto a dirimir, en caso de convertirse en ministro de la Corte. «Lo que a mí me gusta no va a impactar en modo alguno en lo que decida», graficó.
El jurista se expidió sobre diferentes temáticas como el matrimonio igualitario que, dijo, «es un indicio de que Argentina ha avanzado»; sobre las protestas sociales y los casos judiciales sobre crímenes de lesa humanidad, así como sobre su participación en el patrocinio del grupo Clarín durante su conflicto con el gobierno anterior o la controversia por la devolución del 15 por ciento de coparticipación a las provincias.
Con respecto a Clarín, adelantó que en caso de ser designado miembro de la Corte se excusará si le toca intervenir en alguna causa vinculada a ese grupo empresario. Es que el abogado es uno de los dueños del estudio jurídico Bouzat, Rosenkrantz y Asociados, que tuvo entre sus clientes a firmas como Cablevisión, el diario La Nación, el Grupo De Narváez, Carbap, McDonald’s y el mismo Grupo Clarín.
Consultado sobre las propuestas para que una mujer ocupe una de las dos vacantes en la Corte, el abogado advirtió que su designación «no fue sustitutiva» de ninguna candidata, resaltó que es potestad del Poder Ejecutivo la nominación de los postulantes y evitó pronunciarse sobre una eventual ampliación de la cantidad de miembros del tribunal.
«Ningún juez puede aspirar a integrar la Corte sin acuerdo del Senado», declaró el jurista sobre su designación por decreto y explicó que aceptó el nombramiento porque dio por hecho que estaba supeditado al posterior tratamiento parlamentario.
En cuanto al impuesto a las ganancias, si bien apuntó que los jueces no están obligados a tributar, dijo que él sí estaría dispuesto a hacerlo (si correspondiera) y adelantó que va a «militar» para que el Poder Judicial contemple esa posibilidad.
Sobre el reparto de los fondos coparticipables, juzgó «imposible que el país funcione como país si el federalismo no es federalismo fiscal» y marcó la necesidad de que exista un «consentimiento unánime de todas las provincias» y que eso se visibilice en «acuerdos».
Rosenkrantz, quien al igual que Rosatti negó conocer personalmente a Macri, se pronunció también sobre el rol de los magistrados y apuntó: «Los jueces no deben gobernar», pero admitió que resulta «complicado» establecer «cuál es el límite en que la Justicia se convierte en gobierno». «Es un área que está en turbulencia», completó.
El postulante a la Corte aclaró su postura en casos de crímenes de lesa humanidad -por la que recibió impugnaciones- y explicó que su punto de vista había sido malinterpretado ya que nunca se había pronunciado sobre la «cuestión de fondo», sino sobre la «excesiva recurrencia a tribunales extranjeros» en las sentencias argentinas. Con todo, consideró que «deben ser juzgados» si se comprueban delitos en civiles que hayan sido cómplices de la última dictadura militar.
Rosenkrantz, ex asesor del fallecido ex presidente Raúl Alfonsín, también se expidió sobre las protestas sociales y evaluó en este sentido que «no hay una fórmula general» ya que «hay protestas y protestas y todo depende de distintas consideraciones»