Macri involucra a las fuerzas armadas.

La declaración de la «emergencia de seguridad pública» rige desde hoy en todo el país al publicarse en el Boletín Oficial y entrar en vigor el decreto de la medida anunciada hace dos días por el gobierno nacional, que incluye en su punto más polémico la posibilidad de derribo de aeronaves utilizadas por el narcotráfico, luego de cumplir un protocolo.
La normativa número 228/2016 lleva las firmas de la vicepresidenta en ejercicio de la Presidencia, Gabriela Michetti; y los ministros de Defensa, Julio Martínez; de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; de Seguridad, Patricia Bullrich; y del Interior, Rogelio Frigerio.
«Declárase la ‘emergencia de seguridad pública’ en la totalidad del territorio nacional con el objeto de revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen organizado, que afecta a la República Argentina, por el término de 365 días corridos a partir de la publicación del presente, la que podrá ser prorrogada fundadamente», ordena el decreto.
Asimismo, invita a todos los distritos del país «a adherir al presente mediante la respectiva declaración de emergencia en los ámbitos territoriales de sus jurisdicciones».
En sus primeros puntos, la extensa resolución publicada hoy en el Boletín Oficial dispone transformar el «Operativo Escudo Norte» en «Operativo Fronteras», al tiempo que ordena medidas para el «fortalecimiento del control de puertos, hidrovías y Mar Argentino».
Asimismo, establece que Defensa «dispondrá las medidas necesarias a fin de garantizar que la radarización de la Frontera Norte permita un eficiente control y una efectiva disponibilidad de información en relación a la ocupación y tránsito diario que se despliegue dentro del espacio aéreo soberano, que permita la consecución de los objetivos fijados en el presente decreto».
En cuanto a la protección del espacio aéreo, uno de los puntos que generó más polémica, el decreto contempla la posibilidad de derribo de aeonaves utilizadas por los narcos.
Primero, el protocolo establecido y detallado punto por punto en la disposición gubernamental autoriza «la demostración de fuerza y en caso de no obtener resultados, el uso intimidatorio de la misma por medios del Sistema de Defensa Aeroespacial, para obstaculizar, impedir o hacer cesar la acción de vectores incursores, sin afectar su integridad».
Pero luego da el aval a la Fuerza Aérea Argentina para «el uso de la fuerza por medios del Sistema de Defensa Aeroespacial para el derribo y/o destrucción de vectores incursores ‘declarados hostiles'» en caso de que el piloto no acate la orden.
Otro punto de la normativa faculta al Ministerio de Seguridad «a disponer la convocatoria, por intermedio de la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de su personal retirado, a efectos de prestar servicio en el marco del presente decreto en los términos de sus respectivas leyes y reglamentaciones».
No obstante, aclara que «en ningún caso podrá reintegrarse al servicio personal retirado que haya sido condenado en causas vinculadas con delitos de lesa humanidad, que se encuentre procesado penalmente, o que haya pasado a retiro obligatorio por razones disciplinarias».