Gils Carbó creó fiscalías temáticas sobre delitos complejos.

Organismos de derechos humanos expresaron su repudio frente a las denuncias realizadas contra la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por la designación de fiscales subrogantes y ad hoc y argumentaron que esta clase de designaciones constituye uno de los pilares sobre los que se sostiene la destacada actuación del Ministerio Público Fiscal en el proceso de juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado.

«Así, se han creado equipos de trabajo específicamente abocados a tratar estos procesos históricos, como el juicio por los crímenes ocurridos en la ESMA o en Campo de Mayo –sólo por mencionar algunos-, que de acuerdo a la denuncia del senador Mario Cimadevilla deberían desmontarse, comprometiendo seriamente los juicios en marcha e incluso los ya concluidos. El ejercicio adecuado de esta facultad legal, utilizado desde hace varios años, permitió dar forma a una de las decisiones de política criminal más importantes que se tomaron desde la recuperación democrática, perfilando un organismo comprometido con la protección de los derechos humanos», dijeron los organismos en un declaración

Agregaron que dichos nombramientos se ajustan a la Ley Orgánica del Ministerio Público y se orientan a dotar a la persecución penal pública de flexibilidad y dinamismo para atender a fenómenos sociales y criminales específicos. La denuncia interesada para atacar estas facultades legales encierra, en realidad, una mirada conservadora de la función del Ministerio Público Fiscal y de la Procuración General en particular. Por medio de una denuncia penal y de una campaña mediática que pretende maximizarla, se intenta disciplinar y frenar procesos de cambio profundos en la administración de justicia.

«En este sentido, todas las unidades fiscales especiales creadas por la actual Procuradora General pretenden responder a fenómenos criminales complejos y altamente dañinos para nuestra sociedad que hasta ahora no han tenido debida respuesta, como son la criminalidad económica, la violencia institucional, la trata de personas, el narcotráfico y la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. Reafirmamos que estas decisiones deben ser sólo el inicio de un proceso de cambio estructural del Ministerio Público Fiscal y de una transformación más general del sistema judicial, en particular de la justicia penal, para que las prisiones dejen de estar pobladas de personas pobres y vulnerables», dijeron los organismos. La declaración fue firmada por Abuelas de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),
Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital yMadres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora.