El fiscal de juicio Julio César Castro y el titular de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), Abel Córdoba, solicitaron hoy una pena de 15 años de prisión para los integrantes del Servicio Penitenciario Federal Héctor Miguel Aguilar y Jorge Raúl Rolón por la imposición de torturas aplicadas a un detenido el 9 de agosto de 2010 en la Alcaidía del Palacio de Tribunales. El juicio comenzó el 19 de marzo e interviene el Tribunal Oral en lo Criminal N°9, integrado por Luis María García, Ana Dieta de Herrero y Fernando Ramírez.

Durante el alegato, Córdoba reconstruyó los hechos -que los representantes del Ministerio Público consideraron probados- y Castro se refirió a la calificación legal. El titular de la Procuvin destacó en primer lugar la actitud de la víctima, quien participó del proceso “hasta el límite de sus fuerzas”. Además, recordó que la víctimas hasta “se preocupó hasta por la situación laboral de los acusados”, lo que para el funcionario implica “una lección ética profunda” para los supuestos victimarios.

“Han sido capaces de derrumbarlo, hacerlo gritar, sentir la piel y el hueso debajo de la bota”, mientras “lo sujetaban y seguían pegando hasta hacer brotar la sangre”, detalló Córdoba sobre la conducta de los guardiacárceles. En ese sentido, englobó ese accionar dentro de “un ámbito carcelario signado por la violencia institucional”. Por otro lado, criticó que Aguilar y Rolón siguieran en funciones hasta el comienzo del juicio, lo que en ese periodo les permitió instar a la víctima que “dé de baja la denuncia, como si hubiera sido algo leve o que se puede negociar”. “La tortura quiebra la normalidad de la violencia”, resumió.

Luego, exhibió una lámina que enumeró todas las lesiones constatadas por los distintos médicos que revisaron al entonces detenido, y aunque ninguno “actuó de acuerdo a los protocolos”, permitió apreciar que tenía heridas en las rodillas, las piernas, la garganta, los pómulos, la cabeza y el oído, entre otras, además del desgarro anal provocado con un palo.

Por su parte, el fiscal Castro coincidió en que el suceso “está perfectamente acreditado”. Por ese motivo, estimó como “una puesta de acuerdo” a la versión de los acusados, quienes habían dicho que el episodio se originó por una discusión y un intento de agresión. Cabe recordar que el hombre estaba en un pabellón de la Alcaidía destinado a las personas privadas de la libertad provenientes de Ezeiza, y su reclamo era que lo alojaran en el lugar destinado a los internos del penal de Marcos Paz. Los uniformados habían indicado que el lugar estaba siendo higienizado y que por eso no podía estar allí, pero para Castro esa limpieza no existió. Además, Castro pidió la extracción de los testimonios del jefe de turno de aquél día -de apellido Asselborn-, para que se investigue si tuvo responsabilidad con lo ocurrido, ya que había reconocido que estuvo presente.

Finalmente, repasó la jurisprudencia pertinente que avala la calificación del hecho como tortura y no como apremios ilegales, la imputación por la que la causa fue elevada a juicio.

Los representantes del Ministerio Público solicitaron que Aguilar y Rolón sean condenados a 15 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y una declaración específica por graves violaciones a los derechos humanos. Córdoba y Castro encontraron como atenuantes que los acusados no registran antecedentes y que ambos son el sostén de sus familias.

A pedido de los fiscales, el Tribunal ordenó la prohibición de salida del país de los agentes del SPF acusados y dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes, cuando será el turno de la defensa para alegar.

Fuente: Fiscales.gob.ar