| Lavado de dinero

El juez Rafecas seguirá al frente de la causa Hotesur

Los tres jueces de la Sala I rechazaron que la causa pase a la justicia federal de Santa Cruz como habían pedido los imputados. Piden al juez que precise el objeto de la pesquisa.

Rafecas sigue con la causa.

Rafecas sigue con la causa.

La Cámara Federal rechazó un planteo realizado por las defensas que intervienen en la denominada causa Hotesur, en la que se investiga por presunto lavado de dinero a la familia presidencial, para que el expediente pase a la justicia federal de Santa Cruz por cuestiones de “territorialidad”, por lo que el magistrado Daniel Rafecas fue confirmado como instructor de ese sumario.

Las defensas de varios de los imputados en la causa en la que se investiga si se realizaron maniobras de lavado de dinero a través de la actividad hotelera de la familia Kirchner habían pedido la incompetencia de la justicia federal de esta capital, para que la causa pasara a los tribunales de Santa Cruz.

El pedido lo formularon los defensores de Osvaldo Sanfelice, Romina Mercado y Antonio Ramfos cuando la causa estaba a cargo del juez federal Claudio Bonadio, quién luego fue desplazado de la investigación.

Para las defensas los hechos que originaron la causa se habrían desarrollado en la localidad de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, donde, además, viven varios de los mencionados en el sumario penal.

La denunciante, la diputada Margarita Stolbizer, reclamó que la investigación prosiga en esta capital, lo que fue aceptado de manera unánime por los magistrados de la Sala I de la Cámara Federal.

Los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, si bien cada uno con sus argumentos, concluyeron que la jurisdicción debe mantenerse.

“¿Es posible establecer a quién corresponderá el desarrollo de una investigación cuando a este tiempo aún no se comprende con claridad qué es lo que debe investigarse?”, se preguntó Ballestero y afirmó que “debe encomendarse al actual juez de la causa la tarea de superar las deficiencias apuntadas” para determinar el objeto procesal.

Freiler expuso que “el avance de la investigación” no despejó incertidumbres sobre los hechos denunciados “pues – según su criterio- aún se desconoce cuál es el objeto” de la pesquisa.

Cuando concretó la denuncia, Stolbizer aseguró que “existen sospechas en torno a ese hotel (el Hotel Alto Calafate, uno de los establecimientos dentro de la órbita de Hotesur S.A.) si se trata, en realidad, de un alojamiento ‘fantasma’”, para el desarrollo de negocios que involucrarían al empresario Lázaro Báez.

Para Freiler “dicha generalización no parece suficiente, por sí sola, para originar una sospecha seria, que justifique una investigación penal” y como para el camarista hay “indeterminación”, sería inconveniente desplazar la actual jurisdicción.


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