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Rafecas le envió la causa Hotesur a su colega Ercolini

Consideró que la investigación de los movimientos de los hoteles de la familia Kirchner es similar a la causa de Ercolini por enriquecimiento ilítico y lavado de dinero.

Rafecas ya no quiere la causa.

Rafecas ya no quiere la causa.

El juez federal Daniel Rafecas se declaró incompetente en la causa central que investiga una supuesta “asociación ilícita“ y maniobras de lavado de dinero a través de empresas hoteleras de la familia Kirchner, por entender que se trata de los mismos hechos que investiga su colega Julián Ercolini, en quien declinó la pesquisa.
No obstante, dispuso que peritos de la Corte Suprema de Justicia realicen una pericia para determinar los montos pagados por Aerolíneas Argentinas entre los años 2007 y 2015 por el alquiler de habitaciones en el hotel “Alto Calafate”, propiedad de la ex familia presidencial.
En una resolución de cien carillas difundida hoy por la agencia informativa de la Corte -www.cij.gov.ar-, Rafecas dio cumplimiento a la orden de la Cámara Federal de establecer cuáles son los hechos que se investigan en la causa conocida como “Hotesur”, y en la cual convergieron diversas denuncias.
Según el magistrado, la última de estas denuncias es la que realizó la diputada Margarita Stolbitzer por “meras irregularidades administrativas” en la tramitación del legajo societario de la firma “Hotesur” en la Inspección General de Justicia.
En esa investigación, el juez federal Claudio Bonadío ordenó allanamientos en Santa Cruz, con apoyo de la Policía Metropolitana, antes de ser apartado por la Cámara, que derivó el expediente por sorteo a Rafecas.
El juez sostuvo que esta denuncia guarda una “absoluta identidad del sustrato fáctico con la causa previa en trámite en el Juzgado Federal N° 10”, la que resulta “ineludible y patente”.
Recuerda así que la última presentación se agregó a la iniciada por la diputada Elisa Carrió contra el ex presidente Néstor Kirchner y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros, por una supuesta “asociación ilícita” para el lavado de activos.
Esa primera denuncia fue ampliada en 2009 y 2010 por el también diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán, quien hizo “expresas referencias a prácticas de lavado de activos a través de las firmas “Hotesur”, “Los Sauces” y “Co Ma S.A.” y a los hoteles “Alto Calafate” y “Los Sauces”, las que fueron impulsadas e incorporadas como nuevos hechos a investigar por el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita.
Rafecas detalló que en esa causa, conocida como “Hotesur”, se investigan un presunta “trama de vínculos comerciales y mutuos beneficios económicos entre el matrimonio Kirchner y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Juan Carlos Relats, que abarca negocios hoteleros (“Alto Calafate”, “Los Sauces” y otros) y sociedades (“Hotesur”, “Valle Mitre”, “Idea” y otras).
Una tercera denuncia se refiere a presuntas “inconsistencias” en las declaraciones juradas patrimoniales de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner correspondientes a los años 2011-2013.
Al declinar su competencia, Rafecas consideró que la investigación recaída en su Juzgado Federal 3 de la Capital Federal corresponde a los mismos hechos que ya investiga su colega del Juzgado Federal 10, Julián Ercolini.
“No sólo hay una notoria y evidente identidad en las personas que se encuentran denunciadas en una y otra causa –de un lado, los empresarios Lázaro Báez, Juan Carlos Relats y Cristóbal López; y del otro, al menos, Néstor y Cristina Kirchner-, sino que además, aparecen mencionados y señalados con distintos niveles de compromiso con los sucesos, en ambos casos, personas como Osvaldo Sanfelice y “la hija de Alicia Kirchner”, Romina Mercado, actual titular de la sociedad hotelelera “Hotesur”, sostiene la resolución.
Esas personas, añade, “aparecen teniendo vínculos tanto con algunos de los empresarios implicados (Lázaro Báez, Cristóbal López), como con el que fuera matrimonio presidencial y con su hijo Máximo Kirchner.”
“A la misma conclusión podemos arribar al poner el lente en torno de las empresas y firmas societarias denunciadas y el rol cumplido por éstas, y que fueran requeridas en una y otra causa, pues ello se da no sólo con las firmas adjudicatarias de obras públicas y concesiones estatales”.
Para Rafecas, de la investigación de Ercolini, “surge claro, como parte de la presunta sociedad pactada entre unos y otros, la supuesta decisión de invertir en hoteles y así hacer fluir dinero ‘legal’ de parte de estos empresarios hacia el matrimonio presidencial, en forma supuestamente ficticia”.
Dicho mecanismo, sería “típico para ingresar al circuito financiero recursos económicos que, o bien son producto de actividades ilegales, o bien no había modo de justificar patrimonialmente”.
Para Rafecas, “la identidad del objeto procesal de ambas causas” resulta mas evidente aun por el rumbo de la instrucción ya que la pesquisa ya no solo apunta al “camino de vuelta” de los empresarios hacia los funcionarios por medio de la actividad hotelera, sino que también avanzó con medidas concretas sobre la hipótesis del “camino de ida”, esto es, “la concesión de ventajas, beneficios, etc., a dichos empresarios en obras públicas y concesiones”.